El ayuntamiento emprende el desahucio del okupa convergente de su piso 'legal'

Joan Figuerola Borràs tuvo sus 15 minutos de fama (de mala fama) en mayo pasado, cuando trascendió que había ocupado, cinco años atrás, el piso contiguo al suyo, en una finca de Sarrià-Sant Gervasi situada en el número 12 de la calle de Isaac Albéniz, a la que se entra por el número 10 de Tres Reis. No sería una noticia de especial envergadura si Figuerola no fuera consejero de distrito del grupo de Convergència i Unió (como se sigue llamando en el ámbito municipal) en el distrito.

El consistorio recuperó el piso ocupado, cuyos habitantes habían fallecido en el 2010, y ahora se dispone a echarle también del domicilio en el que todavía reside legalmente: ha iniciado el proceso de desahucio -lo llaman “recuperación de la posesión”- de Figuerola, porque el consejero convergente rechaza un acuerdo para legalizar el alquiler. Porque Figuerola, como sus vecinos, lleva sin abonar renta alguna desde 1989, por un error del dueño del inmueble, el consistorio, y, sin duda, por el silencio de los que debían pagar.

VECINOS CON Y SIN DERECHOS

A finales de junio, el ayuntamiento citó a ocho de los nueve inquilinos (uno, una entidad social, es el único que ya tenía una situación normalizada) y les ofreció suscribir un contrato de alquiler para garantizar sus derechos como residentes y para que asumieran los pagos correspondientes. Los que estaban pendientes de regularización eran ocho.  

Seis contaban con derecho a permanecer en la finca, entre ellos, Figuerola. Otro de los residentes en el edificio sigue negociando a la espera de solventar un obstáculo: por ahora no tiene reconocido el derecho porque está pendiente de aportar documentación que justifique el vínculo familiar con la titular del piso, ya fallecida, de quien es pariente lejano. El otro piso que no lleva aparejado derecho alguno es el 4º 1ª, el que ocupó Figuerola, que se ha destinado a alquiler por parte de Servicios Sociales.

ALQUILER SOCIAL

De los seis que tienen derecho, cuatro inquilinos han aceptado acuerdos. Son pactos diferentes, porque Patrimonio y el Patronato de Vivienda -los interlocutores de los residentes- contemplan ofertas distintas en función de la realidad económica de cada uno de los vecinos. En tres de los casos, el ayuntamiento ha ofrecido alquileres sociales de carácter vitalicio a los inquilinos. En el otro que también se ha cerrado con éxito, el contrato es de cinco años de alquiler más una prórroga de otros cinco con una precio mensual de menos de 450 euros.

Figuerola y otro vecino, a los que se ha ofrecido la fórmula de 5+5, lo han rechazado. Ambos exigían una solución única e idéntica para todos los inquilinos. Por ello, ambos pusieron el tema en manos de abogados. Ante esta actitud, y en ambos casos, el ayuntamiento ha iniciado el proceso de desahucio, que fue notificado a los afectados el pasado 14 de diciembre.

PERIODO DE ALEGACIONES

El consistorio asegura que no puede esperar más para acabar con una situación anómala que se prolonga hace casi tres décadas. En cuanto a la diferencia de precios, argumenta que responde a la realidad de cada vecino, y sostiene que en el caso de Figuerola está justificado el planteamiento elegido, y no un alquiler social.

Todo ello no significa que Figuerola sea obligatoriamente desahuciado. Al consejero municipal de CiU le queda todavía algo de tiempo para salvar la situación. El proceso de recuperación de vivienda está pendiente de alegaciones hasta el próximo 5 de enero. Si él y el otro inquilino que rechazaron el contrato de alquiler que la Administración barcelonesa les ha ofrecido, rectifican y aceptan suscribirlo, el desahucio se evitará, siempre que lo hagan antes de que el ayuntamiento acuda físicamente a tomar posesión de las dos viviendas con la orden judicial correspondiente.