Guerra global a los pisos turísticos ilegales en Barcelona

Que haya tantos pisos turísticos en Barcelona es una buena y una mala noticia. Es una buena noticia porque indica que la ciudad gusta y está de moda, y eso requiere de una variada oferta de alojamiento. Es una mala noticia porque la saturación rompe con las rutinas ciudadanas, genera conflictos en los inmuebles, potencia la picaresca y arrebata la esencia y el alma de los barrios cuando el negocio es abusivo y descontrolado. Es uno de esos conflictos que se veía venir, pero no se actuó hasta que las balas ya estaban silbando. Con el alcalde de CiU Xavier Trias empezó. El problema eclosionó cuando la ira vecinal forzó una reacción a finales del 2014, con las elecciones a la vuelta de la esquina. CiU empezó a cimentar un armisticio, con más inspectores, sanciones y regulación. Pero con muchas trabas a la hora de salir al campo de batalla. Hoy, con un nuevo gobierno municipal, la cruzada se ha convertido en una guerra global: administrativa, policial, tecnológica y vecinal.

1. FRENTE ADMINISTRATIVO

En el terreno público, el ayuntamiento se encuentra limitado por la ley del Parlament que regula esta actividad económica. La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ha compartido este lunes con la prensa la situación en el frente municipal. La edila de Barcelona en Comú ha explicado que el consistorio ordenó durante el 2015 el cese de actividad de 388 viviendas de uso turístico ilegal, de las que se de momento solo se han precintado 16 por no atender el mandato y otras 17 van por el mismo camino.

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A las que sí agachan la cabeza, informa un portavoz del consistorio, se les realiza un seguimiento periódico. En los últimos 12 meses se han llevado a cabo 2.146 inspecciones a 1.745 viviendas que han generado 482 expedientes sancionadores por un importe máximo de 30.000 euros, y otros 226 abreviados, con una pena máxima de 900 euros para las moradas con licencia que no resolvieron las incidencias denunciadas. También se persiguen las trampas en la titularidad de la licencia, loque generó 400 expedientes de revocación a establecimientos cuyo propietario no coincidía con el explotador del permiso.

En solo cinco años, entre el 2010 y el 2015, Barcelona multiplicó por cuatro el número de pisos turísticos, de 2.349 a 9.606 licencias, mientras que en ese mismo periodo, el número de pernoctaciones totales creció el 14,5%. Sirva el dato para reflejar hasta qué punto esta actividad se ha disparado. Eso, sin tener en cuenta la oferta ilegal, que algunos cifran similar a la reglamentada. 

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2. FRENTE POLICIAL

La policía juega en este conflicto un papel de árbitro no demasiado definido. El consistorio dispone de 69 inspectores, 18 de los cuales están centrados en las campañas vinculadas al turismo, mientras que la policía local se ocupa de dar respuesta a las quejas vecinales que llegan al centro de recepción de llamadas, puesto en marcha en diciembre del 2014, pocos meses después de que la Barceloneta viviera una pequeña 'revolución francesa'. En este barrio, tanto la Guardia Urbana como los funcionarios públicos realizaron entre enero y diciembre un total de 8.553 visualizaciones sin denuncia previa. Llama la atención un dato: a pesar de la enorme polémica, la oficina destinada a escuchar las quejas de los vecinos del puerto solo recibió 11 llamadas en todo el 2015, según datos del ayuntamiento. 

El papel fundamental de la Urbana en este aspecto es el de control de la vía pública, esto es, asegurar la convivencia entre la población residente y la puntual. Un trabajo que trasciende al tipo de alojamiento pero que tiene mucho que ver con los lugares con mayor concentración de plazas para forasteros. Básicamente, Ciutat Vella.

{"zeta-legacy-despiece-vertical":{"title":"La losa de la burocracia","text":"La\u00a0burocracia\u00a0sigue siendo el\u00a0principal enemigo a la hora de echar el cierre\u00a0a los pisos ilegales. Desde la inspecci\u00f3n hasta el precinto pueden pasar meses, si no a\u00f1os, entre\u00a0recursos, alegaciones, abogados, papeleo. Todo, mientras el negocio sigue generando dinero, mucho m\u00e1s del que requiere la pugna legal. Es ah\u00ed donde la ciudad, sin \u00e9xito, ha intentado meter mano, en laposibilidad de cerrar el grifo\u00a0cuando haya indicios de irregularidad."}}

3. FRENTE TECNOLÓGICO

La guerra también se libra en internet, la principal vía de acceso para reservar una cama. A mediados de diciembre, el ayuntamiento informaba de la sanción impuesta a dos webs, Airbnb y Homeaway, por anunciar pisos turísticos ilegales. Según el consistorio, solo en estos dos portales se ofertaban 6.000 pisos no registrados, mucho más rentables que los se esfuerzan en tener todos los papeles en regla. "El ayuntamiento por fin se pone contundente con este tema más allá de la inspección que se llevaba a cabo hasta ahora", defendía entonces la teniente de alcalde de Urbanismo.

El consistorio ha requerido a otras 20 páginas del ramo que faciliten los datos de las personas que ponen en alquiler sus viviendas a través de la red, además de recordarles la obligación de incluir en la oferta el número de inscripción en el Registro de Turismo de Catalunya. Esta información es susceptible de ser enviada a la Agencia Tributaria, que desde mayo del 2014 ya por su lado solicita información a las webs para cotejar la legalidad de los pisos exhibidos. Durante el año pasado, el consistorio mandó a Hacienda un listado con datos de 779 titulares distintos de un total de 986 expedientes. 

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Para lograr su objetivo, Barcelona dispone de una araña web, un ingenio tecnológico que permite detectar la oferta furtiva de pisos turísticos, así como generar alarmas en el caso de que alguien cuelgue en internet un alojamiento sin licencia. Esta herramienta se financia con la tasa turística.

4. FRENTE VECINAL

Los vecinos son la última pata de esta contienda. Son la guerrilla más avezada, los que salen a la calle con pancartas. En definitiva: los que sufren los efectos de un turismo mal repartido. La Barceloneta (llegaron a sacar cañones a la calle) abrió el camino en verano del 2014. Y hoy mismo, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), a través de un comunicado, advertía de "los procesos de expulsión del vecindario en los barrios más duramente golpeados por la presión del turismo masivo". Por todo ello, esta entidad reclama a Ada Colau "un nuevo plan estratégico de turismo que responda a la realidad actual, con participación ciudadana proactiva y vinculante". 

Mientras esto no llega, a los nativos solo les queda la pataleta: desde diciembre del 2014, el centro de recepción de llamadas ha atendido más de 3.000 quejas ciudadanas, la mayoría entre junio y agosto, que afectaban a cerca de 2.400 pisos.