El Ayuntamiento de Barcelona ordena el precinto del CIE de la Zona Franca

El Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio del Interior siguen su pulso sobre el centro de internamiento para extranjeros (CIE) de la Zona Franca. Se trata de una partida de ajedrez en la que solo un jugador mueve ficha: el consistorio.

El teniente de alcalde de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Transparencia, Jaume Asens, ha comparecido este miércoles, junto con el gerente de recursos, Joan Llinares, para anunciar que el ayuntamiento ha dictado orden de precinto del CIE y ha dado un plazo de dos meses para que se ejecute esta orden. Si después de ese periodo se ha hecho caso omiso a la instrucción, el ayuntamiento llevará el asunto a los tribunales.

FALTA DE ADECUACIÓN DE ACTIVIDAD

Se trata de una orden firme, ha recalcado Asens, ya que Interior se limitó a ignorar la primera resolución de cese municipal, dictada el 4 de julio del 2016, como colofón al expediente abierto al CIE el 28 de abril del mismo año por falta de adecuación de licencia de actividad. Aunque Interior se personó en el trámite administrativo, no presentó recurso ni acudió a hacerlo ante el juez. Por ello, la orden de precinto es firme.

El ministerio cerró dos meses la instalación para hacer algunas mejoras pero, según el teniente de alcalde, un nuevo informe solicitado a los bomberos indica que la falta de seguridad contra incendios persiste. De hecho, fue otro informe de los bomberos, junto con la falta de la licencia de actividad adecuada, lo que motivó la orden del cese de abril.

INFORME DE LA UB

Asens ha explicado que la orden de precinto es el último trámite antes de llevar al ministerio ante los tribunales por incumplir una resolución de una administración. El estamento judicial al que debe dirigirse el consistorio es la Audiencia Nacional.

El concejal ha explicado que el consistorio pidió un informe al catedrático de Derecho Administrativo José Esteve, que avala su actuación. Y ha descartado que se dé la imagen de la Guardia Urbana precintando el centro de la Zona Franca. Eso es algo, ha dicho, que corresponde a los técnicos. De hecho, quien ha elaborado la orden es el servicio de licencias del distrito de Sants-Montjuïc.

“Hemos perdido la inocencia en cuanto a la lealtad institucional de la Administración central. Por lo que prevemos acudir a los tribunales”, ha dicho Asens. A menos, ha continuado, que sea el propio ministerio el que acuda al juez para detener la orden de precinto.

“NO QUEREMOS MÁS MUERTES EN EL CIE”

Asens ha recordado que recientemente ha habido episodios en el CIE que hacen temer por la seguridad de sus internos y sus trabajadores: una huelga de hambre, un brote de tuberculosis con dos casos. También ha subrayado que la voluntad de cerrar el centro es común al ayuntamiento, al Parlament y a la Generalitat.