Colau intenta sin éxito un plan de compra del 'banco expropiado' de Barcelona

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GUILLEM SÀNCHEZ / BARCELONA

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Los recientes episodios de violencia urbana en el barrio de Gràcia han sido a raíz del desalojo del llamado ‘banco expropiado’. Los Mossos d'Esquadra actuaron el pasado lunes para cumplir con la orden de un juez, que resolvió así la reclamación del dueño del espacio, quien quería a los okupas fuera de su local. Más de una semana después, siguen sin hablar con la prensa los dos actores principales en esta contienda: la inmobiliaria Fidecasa y el colectivo del ‘banco expropiado’. Este diario ha intentado sin éxito que ambas partes dieran su versión sobre el intento frustrado de resolución del conflicto que este martes ha hecho público el Ayuntamiento de Barcelona: un plan de compra del inmueble por parte de diversas entidades avaladas por el consistorio de Ada Colau que cederían nuevamente el espacio al colectivo del 'banco expropiado'. 

LA INICIATIVA 

El lunes el consistorio se reunió con el propietario de la inmobiliaria Fidecasa, Manuel Bravo Solano, que se hizo con este local ubicado en Travessera de Gràcia después de comprárselo a Caixa de Catalunya. El consistorio, tal como ha revelado la teniente de alcalde Laia Ortiz, contactó con Bravo Solano, cuya cara preside la pancarta de las manifestaciones que piden la reokupación del ‘banco expropiado’, para comprarle su local. Según Ortiz, la propuesta del ayuntamiento era quedarse con el inmueble por el mismo precio que Fidecasa pagó a Caixa de Catalunya. El consistorio se había autoimpuesto una "línea roja": no pagar más del "precio de compra" para “no contribuir" con la operación "al enriquecimiento ilícito de su propietario que lo compró a precio de saldo”.

Las declaraciones han precipitado la intervención horas más tarde del edil de Gràcia, Eloi Badia. Según este ha explicado en rueda de prensa lo que el ayuntamiento le propuso a Fidecasa “no era una compra” sino “un dispositivo de compra” que aunaba las aportaciones de distintas “entidades” que sumaran el montante de dinero que el dueño del local pagó por este espacio. El papel del ayuntamiento, según Badia, no era el de poner dinero público en esta operación sino sencillamente “actuar como avalista” de la entente. Badia ha descartado enseguida que esta propuesta prospere porque Bravo Solano no tiene intención de vender su local por el "precio de compra" sino que propone hacerlo por un montante que superaría los "500.000 euros", una cifra “desorbitada”. “No sabemos cuánto terminará pidiendo exactamente el propietario, pero conocer su precio tendrá casi un valor anecdótico porque no será aceptable”, ha reconocido Badia.

La propia alcaldesa Ada Colau, a través de su cuenta de Twitter, ha salido también a cortar el enredo y en la misma línea que Badia ha desmentido tajantemente que el ayuntamiento se haya planteado comprarlo con el dinero de los contribuyentes. Como Joaquim Forn, el portavoz del grupo municipal de CiU le ha afeado a Laia Ortiz por la mañana en BTV, no tendría ninguna coherencia criticar al exalcalde Xavier Trias, que pagó 5.500 euros de alquiler mensual para evitar que Fidecasa los expulsará del local, y después optar por comprarlo. 

El portavoz de Ciutadans, Paco Sierra, ha rechazado también la compra del local: “No podemos volver a bajarnos los pantalones y ceder al chantaje", como sucedió en Can Vies. En la misma línea, Jordi Coronas, de ERC, ha considerado errónea la decisión de adquirirlo porque para realizar actividades ciudadanas ya existen los centros cívicos y, además, implicaría "dar la razón a aquellos que reivindican con violencia".

EN LA CALLE

Ajenos y distantes a este fallido intento del ayuntamiento para resolver el conflicto, el colectivo del ‘banco expropiado’ ha seguido este martes con su plan de actividades previsto. Al mediodía han montado un punto de información para explicar su proyecto a los vecinos de Gràcia y para defenderse de “los ataques” que sufren por parte de la prensa. Por la tarde, se han reunido los miembros de la ‘red de alimentos’ para continuar desde la acera con su actividad, que acumula productos para repartirlos a gente que los necesite. Mientras, el gobierno de Colau tratará de buscar otra alternativa que pasará por buscarles un nuevo local. Aunque tampoco está claro que este colectivo decida aceptarlo.