Avalancha de alegaciones contra la nueva ley del turismo del 'Govern'

Con el turismo en boca de todos, con más visitantes que nunca en Barcelona y con cada vez más sectores de negocio implicados, estaba cantado que cualquier intento de nueva ley por parte del 'Govern' traería cola. El periodo de alegaciones a su proyecto de decreto de Reglamento de Turismo finaliza mañana jueves y los diversos sectores implicados ya han anunciado un alud de alegaciones. En sus 23 páginas de enmiendas, el ayuntamiento incide en reclamar más potestad normativa para los municipios, así como una mayor regulación de los pisos de uso turístico.

El concejal de Turismo, Agustí Colom, ha lamentado que se haya "perdido una oportunidad para afrontar las viviendas de uso turístico". La escasa regulación abre la puerta a "afectaciones de la vivienda, a la convivencia vecinal, la competencia desleal y no ayuda a favorecer un turismo de calidad", opina. Cree que la capacidad de los alojamientos debería basarse en sus dimensiones, estableciendo condiciones de limpieza y obligatoriedad de contar con ascensor.

El consistorio también es crítico con la terminología del proyecto decreto, al refererirse a establecimientos y alojamientos, generando confusión, y se queja de que los ayuntamientos solo puedan permitir o no los bed&breakfast, sin establecer reglas.

Pero al otro lado de la historia, también llueven las críticas. Los vecinos aglutinados en la asociación de Barris per un Turisme Sostenible han presentado una alegación a la totalidad y 26 parciales. En ellas piden más control de los pisos turísticos y que se cuente con la aprobación de todos los vecinos para permitir un piso turístico en una finca; reclaman que se limiten los periodos de alquiler y que la Generalitat cree un cuerpo de inspectores financiado con la tasa turística.

PEOR CONVIVENCIA

En cambio, la Confederación Empresarial de Hostelería y Restauración de Catalunya mantiene que la ley en sus actuales términos empeorará la convivencia entre vecinos y turismo. Pide más mano dura contra la oferta ilegal y agrega que el alquiler de habitaciones por días "perjudicará" la calidad de la prestación y afectará a la imagen de Barcelona, al igual que la modalidad de alojamientos turísticos singulares. Con esta denominación, el 'Govern' pretendía cubrir los espacios que se usan puntualmente como alojamiento turístico pero no están regulados.

Precisamente, los que alquilan habitaciones en su casa -aglutinados en la asociación de Vecinos y Anfitriones de Barcelona- destacan en sus alegaciones que no quieren ser tratados "como profesionales" del turismo porque lo suyo es economía colaborativa. Insisten también de que se les diferencie del piso turístico, ya que los anfitriones conviven con el turista, aducen. 

En Airbnb arremeten con que el texto supone un "retroceso" porque, contradice la propuesta del propio Govern para desarollar una normativa sobre economía colaborativa y no la promueve, pese a los llamamientos de la Unión Europea. Tampoco distingue "entre profesionales y no profesionales", lo que someterá a los particulares a "normas arcaicas para una industria diferente", claman.