La Audiencia investiga el patrimonio de los condenados

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La sección octava de la Audiencia de Barcelona comunicó ayer a los abogados de los jóvenes condenados por los altercados del 4-F el inicio de una nueva investigación sobre el patrimonio de sus representados para ver si pueden seguir siendo considerados insolventes, pues está pendiente el pago de la indemnización que debían haber abonado a la víctima, el guardia urbano Juan José Salas, su mujer y sus cuatro hijos.

Aunque el procedimiento es habitual cuando es solicitado por la víctima, en este caso es una medida adoptada de oficio por la Audiencia y que sigue a la emisión televisiva de Ciutat Morta, documental que sostiene que el juicio que condenó a nueve jóvenes por los altercados del 4 de febrero del 2006 fue un montaje. En los últimos cinco años, esta sala de la Audiencia no había comunicado ninguna otra diligencia al respecto.

REPARAR BICICLETAS

De Rodrigo Lanza, Juan Pintos Garrido, Álex Cisterna Amestica y Alfredo Carlos Pestana Mota se solicita una investigación patrimonial para determinar si hay que continuar decretándolos insolventes. Los cuatro, junto a Patricia Heras, que se suicidó en el 2011, fueron condenados con penas que oscilaban entre cinco años y tres años y tres meses.

Lanza, el principal condenado, tiene pendiente el pago de un millón y medio de euros en concepto de responsabilidad civil subsidiaria a la familia del guardia malherido. Estos últimos días, Lanza ha contado que tras haber cumplido la condena de cinco años, íntegra, y sin permisos penitenciarios, se enfrenta al pago de la indemnización. Actualmente está en paro, y de vez en cuando consigue algo de dinero arreglando bicicletas en Zaragoza.

En la misma diligencia de la Audiencia, a la que ha tenido acceso este diario, se pide la averiguación de los antecedentes penales del resto de condenados: Silvia Ruedas, Heike Bigge, Jordi Martin y Alejandro Carrillo. Ninguno de estso cuatro llegó a entrar en prisión. Sus condenas fueron inferiores, de un año de cárcel. Al ser una pena menor, su cumplimiento fue suspendido, y por eso no ingresaron en prisión. Un tiempo durante el que no deberían haber cometido ningún otro delito. En caso de confirmar que así ha sido, se les comunicaría que la condena queda restringida completamente.

El caso de Pestana es distinto. Fue condenado junto a Patricia Heras a tres años y tres meses por arrojar una valla y un cono a los guardias urbanos. Fueron detenidos en el hospital del Mar horas después de los altercados. Pestaña fue indultado parcialmente y no fue a prisión tras el juicio.