El tribunal de la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona ha ordenado a la jueza que instruyó el proceso contra una presunta trama de corrupción en que figuran miembros del Cuerpo Nacional de Policía y que está vinculada a los clubs de alterne Saratoga y Riviera, de Castelldefels, que identifique a los agentes de los Mossos d'Esquadra que analizaron y transcribieron las escuchas en las que se han basado las pesquisas. La investigación ya ha sido dada por finalizada, pero ahora deberá practicarse esta diligencia. La defensa pretende citar en el juicio a los agentes.

La Fiscalía Anticorrupción presentó en marzo su escrito de acusación, en el que solicita penas de 16 a 44 años de prisión para altos cargos del Cuerpo Nacional de Policía de Barcelona, acusados de integrar un grupo mafioso y corrupto que entre el 2002 y el 2008 se aprovechó de su mando, su poder e información privilegiada para, a cambio de dinero y especias, favorecer la prostitución ilegal y con menores en los prostíbulos Saratoga y Riviera de Castelldefels. La acusación pública reclama penas de cárcel para un total de 20 imputados, entre propietarios de los clubs de alterne, abogados y un funcionario del Ayuntamiento de Barcelona

Rapido para no parar el proceso 

En el auto de la Audiencia de Barcelona, que lleva fecha 18 de junio del este año y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, los magistrados ordenan a la  la titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, que pida "con la mayor premura y celeridad" a lo Mossos d'Esquadra que identifiquen a los agentes que participaron en las intervenciones telefónicas, tanto los que seleccionaron la importancia o relevancia de las conversaciones intervenidas, las transcribieron, las resumieron y las clasificaron.

La Audiencia, que ha admitido el recurso presentado por la defensa de dos imputados, considera que en el caso Saratoga los Mossos únicamente han facilitado hasta ahora la identificación de los agentes que escucharon las llamadas, pero no la identidad de los que hicieron la criba selectiva para determinar si tenían interés o no para la investigación. Según los magistrados, el objetivo de identificar a estos agentes es que puedan declarar en el  juicio y documentar las transcripciones, porque de lo contrario se podrían generar "serias disfunciones" y "eventualmente cercenar o laminar" el derecho de defensa. Para el tribunal, la identificación de los agentes es una diligencia "esencial" para calibrar o ponderar "no ya la consistencia de la imputación" sino la "licitud y regularidad" en la obtención de los medios o fuentes de prueba.