La extinción de los pisos turísticos en Ciutat Vella amenaza con cientos de demandas a BCN

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PATRICIA CASTÁN / BARCELONA

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"No voy a renunciar al piso turístico que tengo hace 12 años porque el ayuntamiento decicidiera aleatoriamente extinguir solo los de Ciutat Vella", afirma el propietario de un piso legal (con licencia) en la Rambla. El afectado ya ha emprendido acciones legales contra la medida que estipula que en septiembre del 2019 todos los apartamentos por días para turistas que no se hayan agrupado en edificios completos tendrán que cesar su actividad. Tanto él como varios cientos de titulares de pisos autorizados en el distrito se sienten "discriminados" ante las reglas impuestas en su zona desde el plan de usos del distrito. Anuncian que si les retiran la actividad reclamarán por supuesta pérdida patrimonial y lucro cesante, lo que los abogados estiman entre 100.000 a 300.000 euros de indemnización por caso, a cuenta de las arcas municipales.

El plan especial urbanístico de alojamiento turístico de Barcelona (PEUAT) que en principio aprobará este viernes Ada Colau con apoyo del PSC y ERC establece el patrón de desarrollo del alojamiento turístico en la ciudad. Parte de la división de la capital catalana en cuatro zonas y del decrecimiento natural de la zona 1 (que incluye todo Ciutat Vella y varios barrios del Eixample y Sants-Montjuïc), donde si se da de baja una cama no se puede generar ningún alta. Sin embargo, en Ciutat Vella, donde los pisos turísticos afloraron hace tres lustros, ya se determinó hace años que los 604 legales debían reagruparse o morir en el 2019.

Los requisitos para la reagrupación forzosa (ver despiece) no son sencillos. Incluso el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dio la razón al grupo inmobiliario Núñez y Navarro en el 2014, descartando la venta y cambio de ubicación de licencias hoteleras. Entonces el ayuntamiento dijo que frenaba también la venta y cambio de licencias para los pisos turísticos (se revendían ya en torno a los 100.000 euros por licencia para seis plazas), pero finalmente el movimiento de permisos entre operadores siguió adelante. En torno a la mitad de la oferta del distrito ya se ha agrupado, con el beneplácito municipal, confirman, pero la mayoría del resto no quieren hacerlo. 

CAMBIO DE MANOS

En las ventanillas municipales no parece haber uniformidad de criterios y algunos ven el traspaso bloqueado. Lo único evidente es que agruparlos supone concentrar este negocio -que tuvo su arranque como economía colaborativa- en manos de inversores que pueden permitirse adquirir un edificio completo para ese uso y luego comprar licencias particulares a precio de oro.

En paralelo a esa escasa cuota de viviendas por días legalizadas, en Ciutat Vella han aflorado miles de pisos ilegales. En ese punto, estos afectados por la extinción de licencias en el 2019 no entienden por qué ellos han de ejecutar una agrupación por fincas que no es obligada en otras zonas (salvo que sean nuevas licencias, fruto de bajas previas). A título individual han recurrido el PEHUT (previo al PEUAT y solo para pisos turísticos), y también la patronal Apartur ha seguido ese camino y espera sentencia para dar los siguientes pasos.

El abogado Marc Pertíñez, de Pertíñez y Romagosa, que representa a decenas de propietarios de pisos turísticos, está estudiando la legalidad de esa extinción para ver si es "anulable". "Si no, generará responsabilidad patrimonial", asegura.

En este 'sidral' legal, Pau Bosch, A. S., M. I., Ana L., entre otros vecinos que exponen su caso a este diario, no contemplan la reventa de su licencia -ni saben si podrían encontrar un candidato que cumpla todos los requisitos- sino que quieren seguir con su actividad, que despliegan en la Rambla, el Gòtic o el Born. "En el Gòtic hay 13.000 plazas hoteleras, nuestros 604 pisos en todo el distrito no son la solución al problema de Ciutat Vella", mantiene Pau.

Se constata una situación aparentemente kafkiana. Mientras diversas entidades vecinales y colectivos critican la evidente expulsión de vecinos que ha supuesto la alta densidad de plazas turísticas en la zona, estos residentes mantienen que lo que les mantiene en sus bloques es poder vivir de ese turismo. M. I., tras 35 años viviendo en la Rambla, harto de sufrir problemas de ruidos, borrracheras, prostitución, drogas y otros males -"los turistas no dejarán de venir a pasear a la Rambla o de copas"-, decidió hacer que el barrio que amaba le procurase sustento: segmentó su piso en dos, obteniendo una licencia para la otra mitad.   

En algunas escaleras, añaden, se han acometido rehabilitaciones y el ascensor se ha instalado justo por vía de esos ingresos extra, destacan. 

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