Acorralados entre chatarra

El desplome de la economía y la resaca de los locos años del ladrillo se ceban especialmente en los inmigrantes extranjeros que llegaron atraídos por El Dorado de la que debía ser la octava potencia del planeta. Con la crisis, han vuelto al distrito de Sant Martí imágenes y realidades propias del Somorrostro o La Perona. Sin exagerar. Las condiciones de vida infrahumanas de aquellos barrios de barracas del franquismo se reproducen hoy, aunque de forma más difusa pero igualmente lacerante, en el ultramoderno 22@. En la misma calle de Badajoz y a tres manzanas del icono de la Torre Agbar, justo al lado de la nueva sede de Barcelona Televisió, decenas de africanos se hacinan en viejas naves. Malviven recogiendo chatarra, acorralados por la falta de papeles, trabajo y vivienda, la mala situación de sus países y la amenaza de desalojo.

La mayoría son senegaleses jóvenes que llegaron en el 2006. Cuentan por tanto con la estancia mínima de tres años en el país pero no con el imprescindible contrato laboral para obtener el permiso de residencia. Tienen el apoyo de varias entidades y oenegés y también de vecinos del Poblenou con quienes conviven sin conflictos. Dos centenares de ellos se manifestaron junto a estos inmigrantes de raza negra en julio reclamando un futuro para el grupo. Fue el día del juicio que ha iniciado la cuenta atrás para acabar con cuatro años de ocupación de la antigua empresa de transportes del número 112 de la calle de Badajoz.

ESPACIO DEGRADADO / Sin luz y cogiendo agua de un sistema antiincendios, los 70 subsaharianos (los hay también de Guinea y Gambia) que viven en el edificio intentan organizar su vida y también el degradado espacio en el que la consumen, aunque lo hacen en condiciones difíciles de imaginar. Los montones de chatarra se juntan en la planta baja con todo tipo de residuos y escombros en un ambiente con un fuerte olor a orín. En pisos superiores están los dormitorios, en los que en estancias igualmente precarias y poco salubres se ubican los africanos por tribus.

La actividad era intensa el pasado viernes por la mañana en la caótica entrada, con un tráfico incesante de carritos de supermercado llenos de residuos metálicos encontrados, si ha habido suerte, en contenedores y obras de toda Barcelona. Las expediciones a pie de quienes viven o solo acuden a este centro del infracomercio de chatarra y reciclaje llegan hasta la plaza de Espanya, como decía un fatigado senegalés que mostraba satisfecho mercancía que podía valer «hasta 20 euros», un dinero con el que pasaría el fin de semana.

Frente a la puerta, el marroquí Mohamed, un soldador en paro desde que fue despedido, según asegura, de las obras del centro comercial Las Arenas, busca objetos que puedan tener valor en su país, a donde viaja a menudo. Es uno de los intermediarios, también inmigrantes, que van a Badajoz, 112, y que en el caso de la chatarra la suministran a empresas legales de recuperación.

En dependencias contiguas, pero totalmente separadas y con salida directa a la calle, vive en mejores condiciones de higiene un grupo de suramericanos. Un chileno con estudios de bellas artes e informática que no quiere identificarse y que ha residido en otros países, explica que vive de realizar reformas domésticas. Un compatriota añade que podría volver a Chile, donde recibiría más apoyo de su propia sociedad, pero prefiere quedarse por su carácter nómada y porque piensa que aquí puede ganar más dinero.

OTROS ASENTAMIENTOS / En Sant Martí existen otros asentamientos similares, pero más pequeños, porque allí se juntan los locales abandonados y las empresas de recuperación, explica Pilar Aguilar, coordinadora del Institut de Reinserció Social, entidad que trabaja con estos inmigrantes. Añade que la nueva mano dura contra eltop mantadeja aún más sin salidas a estas personas.

Su compañero Fran Rojas afirma que en septiembre montarán el segundo curso de formación de reparaciones básicas del hogar ya que los sin papeles no pueden acceder a cursos oficiales. Rojas destaca el apoyo que reciben los africanos de las entidades de la red de acogida. Laura Vinyolas, de Apropem-nos, dice que no se revelan otros asentamientos para no facilitar más desalojos. Es la precariedad como mal menor.