Acción directa en el Raval

La finca se vende sola. En pleno centro de la irresistible Barcelona, a dos minutos de la parada de metro de Sant Antoni y perfectamente restaurada, con una fachada que invita a entrar. El alojamiento aparentemente perfecto para cualquier viajero ávido de conocer los encantos de la ciudad. Un negocio demasiado goloso como para renunciar a él. Este particular paraíso se encuentra en el 14 de la calle de Príncep de Viana, donde 12 pisos turísticos ejercen como tal sin licencia burlando toda normativa desde hace varios años.

«Do you know that it is an illegal flat?» [¿Sabes que esto es un piso ilegal?], preguntaba Eduard Elias a un grupo de jóvenes que entraba en la finca con cara de sorpresa, ante el enjambre de periodistas que rodeaba la entrada. Su rostro respondía por ellos: desconocían completamente que el estupendo piso en el que se están hospedando durante su -para más inri lluviosa- estancia en la capital catalana es ilegal, lo que les convertía en protagonistas involuntarios de la acción de protesta organizada ayer por los vecinos de Ciutat Vella para denunciar la«impunidad de la mafia hotelera».Elias era uno de los pocos aunque ruidosos residentes del distrito que acudió a la llamada de la Xarxa Veïnal de Ciutat Vella, llamada que tuvo muchísimo más éxito entre los reporteros.

Distinta vara de medir

«Mientras se persigue con brazo de hierro cualquier incumplimiento de la ordenanza del civismo que realiza un inmigrante o un sin techo, los propietarios de apartamentos turísticos ilegales tienen manga ancha para incumplir la normativa en Ciutat Vella», proclamaba el manifiesto leído por Gala Pin, uno de los más activos miembros del movimiento vecinal del distrito. Y es que la situación de la finca en cuestión -avanzada por EL PERIÓDICO en mayo- tiene miga. Tras un primer expediente abierto en el 2009 y un precinto del 2010, los dueños pactaron con el ayuntamiento el levantamiento del precinto a cambio de una reorientación de la actividad, algo que incumplieron. No contentos con ello, cuando este mayo técnicos municipales acudieron al lugar para volver a precintarlo, los dueños no les dejaron pasar, y el asunto está en manos del juez, a la espera de la solicitada orden.

«Pedimos el cierre inmediato de los pisos turísticos ilegales. No queremos vivir en un parque temático», proseguía el aplaudido manifiesto vecinal. Al enterarse de la convocatoria, la flamante concejala del distrito, Mercè Homs, llamó ayer mismo a los organizadores, citándoles para una reunión urgente, gesto que estos, temerosos de que la flexibilización del sector que prevé la todoterreno ley ómnibus«empeore aún más la ya grave situación», valoraron positivamente.

Fuentes del distrito apuntan que se han impuesto multas de 50.000 euros a los propietarios de estos pisos en cuestión, y defienden que se han hecho campañas«sistemáticas y continuadas»para acabar con el fenómeno. Aseguran que desde el 2008 han cerrado 800 pisos, 400 por la buenas, y otros 400«fruto de la intervención de la administración». Al margen de estos, el distrito admite tener constancia de otros 120 que ejercen sin licencia, sobre los que se está trabajando. Lógicamente, para los vecinos, quienes consideran que todos los pisos, incluso los legales, están bajo sospecha al ser licencias dadas en la«época Heliodoro»,la presión es«totalmente insuficiente».