Absueltas las familias del bloque de la Bordeta de la PAH

La jueza considera que no cometieron delito de usurpación porque ocupan un edificio que estaba vacío

Regateando el calor 8 Una de las familias realojadas en el edificio de la Bordeta se refresca en la terraza, el pasado lunes.

Regateando el calor 8 Una de las familias realojadas en el edificio de la Bordeta se refresca en la terraza, el pasado lunes. / ARCHIVO / ALBERT BERTRAN

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Una jueza de Barcelona ha absuelto a las familias sin recursos que desde marzo del 2015 viven en el bloque de la Bordeta", ocupado por la PAH tras ocho años vacío, al considerar que no cometieron delito de usurpación de inmueble. ya que "el bien jurídico protegido no es la propiedad, sino la posesión".

En la sentencia, la titular del juzgado de lo penal número 3 de Barcelona, Rosa Fernández, absuelve a los tres acusados, que junto a otros ocho adultos y cuatro niños, viven en este emblemático edificio de nueva construcción situado en la calle de Hostafrancs de Barcelona, un inmueble que ya había sido ocupado en el 2011 por el 15M y cedido a familias necesitadas, aunque en ese caso acabaron siendo desalojadas.

En su resolución, la jueza concluye que la actuación de las familias que actualmente residen en este bloque no es constitutiva del delito de usurpación no violenta de bien inmueble, como sostenía la fiscalía, porque este precepto castiga a quien ocupase "sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviese en ellos contra la voluntad de su titular".

El inmueble es propiedad de Nyala 2006 SL, quien tenía suscrita una hipoteca con la entidad financiera Sa Nostra, que en este momento pertenece a la Sareb, cuyas cuotas no abona desde hace tiempo, sin que la Sareb haya procedido a ejecutar sus derechos hipotecarios, según recoge la sentencia.

"CERRADO Y DESOCUPADO"

En el caso del bloque de la Bordeta, remarca la jueza, los acusados ocuparon diversas viviendas de inmuebles y lo hicieron sin título, aunque su actuación "no resulta penalmente relevante", aunque ello, según la magistrada, "no significa que la conducta desarrollada por los acusados pueda merecer reproche y obtener vía de solución en otros ámbitos del ordenamiento jurídico".

Según la jueza, los acusados "no perturbaron las facultades posesorias reales, efectivas e inmediatas del propietario del inmueble", ya que el edificio "se hallaba cerrado y desocupado desde su construcción y su propio titular renunció al lanzamiento (desalojo) acordado". 

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En su resolución, la jueza destaca que el Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado negociaciones con la propiedad del inmueble para gestionar un eventual alquiler social o la adquisición del bloque y se encuentra en proceso de evaluar la situación de vulnerabilidad de las familias que lo ocupan.

El bloque fue ocupado en el 2011, al término de una manifestación del 15M, que cedió los pisos sin estrenar a familias necesitadas, pero una jueza de Barcelona ordenó desalojarlo al cabo de unas semanas, hasta que hace 15 meses volvió a tomarlo la PAH, por lo que actualmente está ocupado por ocho familias sin recursos, con cuatro niños.

Tres de los ocupantes del bloque han acabado en juicio a raíz de una denuncia presentada por la empresa propietaria del edificio que, sorprendida por el estallido de la burbuja inmobiliaria, nunca llegó a vender los pisos ni pudo pagar el crédito empleado en su construcción, que ha sido asumido por la Sareb.

A instancias de la propiedad del bloque, un juzgado de instrucción acordó desalojar otra vez el edificio, medida que también apoyaba la fiscalía, aunque el desahucio no llegó a ejecutarse por segunda vez porque la propia inmobiliaria pidió que se suspendiera mientras mantenía negociaciones con las administraciones para deshacerse de la finca.