DENUNCIA DE LA MALA APLICACIÓN DE LA ORDENANZA CÍVICA
La Síndica critica el trato municipal a las prostitutas
La Síndica, Maria Assumpció Vilà, criticó ayer la manera como el ayuntamiento y la Guardia Urbana están aplicando la ordenanza del civismo en materia de prostitución. Vilà ha recibido varias quejas, tanto de entidades que trabajan con prostitutas como de clientes, porque los agentes del orden no advierten ni a unas ni a otros antes de multarles, tal y como establece la ordenanza, y se pregunta «si se informa debidamente» a las prostitutas de que pueden dirigirse a la Agencia para el Abordaje Integral del Trabajo Sexual para intentar una reinserción laboral.
Vilà recomienda a las áreas de Acción Social y Ciudadanía y de Prevención y Seguridad del ayuntamiento que se coordinen y elaboren un protocolo «único y claro» para que «todas las personas vulnerables» tengan la posibilidad de sustituir la sanción económica por medidas alternativas con finalidades sociales y educativas. Recientemente la Síndica ha estimado una queja presentada por una educadora social en relación a una mujer extranjera que fue multada en el 2007 con 1.831,96 euros «por persistir en el ofrecimiento de servicios sexuales» sin que se le aplicaran los mecanismos que tienen por finalidad la reinserción.
La ordenanza obliga a advertir a clientes y a prostitutas, y establece que únicamente se puede multar «si persisten en la infracción». Precisamente la Síndica supervisa estos días la queja de un hombre que dice que fue multado sin que antes se le avisara. También le han llegado quejas por el mismo motivo de varios colectivos de mujeres, y la policía no aporta ninguna prueba que demuestre que se hizo previamente la advertencia, más allá de la presunción de veracidad del agente.
PROTECCIÓN DE DATOS / Por otro lado, la Síndica ha hecho saber al ayuntamiento que le preocupa el régimen de protección de datos que se aplica a los expedientes personales que se han tramitado vinculados a casos de prostitución, y cómo los datos de estas denuncias quedan archivados en los servicios municipales de Hacienda y de la Guardia Urbana.
En una queja estimada en mayo sobre una multa a una mujer extranjera, las sanciones se anularon por defectos de forma, pero el nombre de la denunciada y el presunto ejercicio de la prostitución continuarán archivados. La Síndica cree que la prostitución en la calle es un problema social y que no puede tratarse «solo» como un problema de ocupación de la vía pública.
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