BCN cerrará los pisos conflictivos en un área de 63 fincas del Raval

ha costado tiempo y mucho dinero constatar que ni el urbanismo más florido, ni la irrupción de un hotel de cinco estrellas o de la Filmoteca son caramelos lo bastantes dulces para acabar con el mal sabor de boca en puntos negros de la convivencia en el Raval. «El problema salía de dentro de las viviendas y se proyectaba hacia el exterior», explica la concejala Assumpta Escarp con un informe realizado a finales del pasado año donde se radiografían las calles de Robador y Sant Ramon, para dar con el diagnóstico previo a la receta. Y el examen revela que la conflictividad de la calle que parte de muchas fincas se basa en pisos tapadera, esto es sobreocupados, okupados, que funcionan como meublés o pensiones en pésimas condiciones, vacíos y condenados a la degradación, y fincas enteras que necesitan una puesta al día urgente. Y como la cirugía era urgente, Ciutat Vella, ha optado por amputar, de la mano de una novedosa vía legal que permite la ley catalana de vivienda.

La comisión de gobierno municipal aprobó ayer inicialmente (será definitivo en el plazo de un mes) la delimitación del área de conservación y rehabilitación para las calles de Robador y Sant Ramon. Esta herramienta legal parte del poder que se otorga en el artículo 36 a los municipios para promover rehabilitaciones en zonas «especialmente degradadas o evitar procesos que comporten riegos para la cohesión social».

Foment de Ciutat Vella analizó las situaciones «anómalas» en el uso de las viviendas de estas dos calles marcadas por la prostitución ilegal en domicilios particulares, las infraviviendas, el trafico de drogas y los pisos patera.

«El uso interior tiene fuerte impacto en la calle», argumenta Escarp. Pero hasta ahora el ayuntamiento (pese a haber realizado 280 inspecciones este mandato) solo podía ordenar ceses de actividades ilegales tras complejos mecanismos, por distintas y lentas vías, que ahora se agilizan meteóricamente. Y es que la delimitación de esta zona de intervención permite la inspección inmediata «puerta a puerta» y la toma de medidas que pueden acabar con la actividad conflictiva: el cierre de burdeles ilegales, de falsas pensiones u hoteles (al menos en los números 10, 11, 15 y 21 de Sant Ramon, y 2 de Robador), el fin de la sobreocupación y la imposición de rehabilitaciones y adecuación de las viviendas, ya que si el propietario se niega el ayuntamiento podrá ejecutar la obra y sancionar al dueño llegando al embargo de sus bienes.

De las 63 fincas, con 616 pisos y 1.675 vecinos y un 57% de extranjeros, algunas no presentan problemas de convivencia, aunque por su ubicación (en medio del meollo) están incluidas en el área delimitada y sufren colateralmente los problemas de convivir con una veintena de edificios considerados conflictivos.

De hecho, un 20% de las fincas están en estado deficiente a nivel físico (muchas son centenarias), cuatro están tapiadas, y un 5,2% de los pisos no cumplen siquiera los criterios mínimos de habitabilidad. Casi una tercera parte tienen problemas de humedades y grietas, y entre 48 y 98 están vacíos. Y con la ley en la mano el ayuntamiento barcelonés podrá llegar a expropiar temporalmente el uso de los pisos abandonados o los sobreocupados e incorporarlos al mercado en régimen de alquiler, por ejemplo, detalla Escarp. De hecho, en el 14,5% de los hogares viven más de siete u ocho personas.

CARMEN DE MAIRENA / Además de las expropiaciones en los casos necesarios, el ayuntamiento también ejercerá el derecho de tanteo y retracto para comprar pisos en las fincas más problemáticas. Se calcula que se podría adquirir en total el 10% del parque de viviendas. De momento, el ayuntamiento ya se ha hecho con el número 6 de Sant Ramon, conocido por ser donde ejerce su actividad Carmen de Mairena, y muy degradado. Lo rehabilitará y podrá utilizar para realojos temporales ante las operaciones que se hagan en otras fincas.

La inversión necesaria para compras supera los 10 millones de euros, similar cifra a la necesaria para rehabilitar, aunque esta parte irá de la mano del plan de barrios que beneficia al Raval Sud. La oficina será común para todas las actuaciones.

Las intervenciones no supondrán poner patas arriba la zona, ya que se prevé actuar de la mano de los distintos servicios sociales y asistenciales implicados en cada ámbito, indica la edil, cuya iniciativa ya cuenta con el apoyo del alcaldable de CiU, Xavier Trias, según anunció este anoche.