Una regulación cuestionada

Han pasado cinco años desde que Joan Clos (PSC) sacara adelante con el apoyo de CiU y ERC la norma del civismo, tan aplaudida desde algunos sectores por verla necesaria como denunciada desde otros, especialmente por entidades sociales, al considerar que ha criminalizado la pobreza y la marginación. Tras ese tiempo, su aplicación no acaba de satisfacer a los unos ni convence a otros, según cuentan representantes de diversos ámbitos.

La visión, no obstante, varía en función de cómo le afecta a cada uno su propio negociado, aunque hay frente común en que actitudes como orinar en plena calle, molestar al vecindario o dejar los excrementos de perros en la vía pública han de ser castigados. Otra cosa es que ahora se perciba una mejora.

Así, por ejemplo, la presidenta de los comerciantes de la derecha del Eixample, Carmen Izquierdo, no es crítica con la normativa en tanto se vanagloria de vivir en una zona sin conflictos importantes y aplaude la próxima incorporación del seminudismo, aunque como tantos de su gremio iría más lejos y defiende el veto también a los torsos desnudos,«más que por estética por higiene». Algo en lo que coincide Santiago Martín, su homólogo de BarnaCentre (una isla comercial del Gòtic, una zona con más bretes), aunque este empresario está menos conforme con los cinco años de aplicación de la regulación:«Está faltando mano dura porque no se está cumpliendo del todo, quizá se queda en un 70%, sobre todo respecto a temas como orinar en la calle o la prostitución, que siguen siendo habituales».

Desde la asociación de vecinos del Casc Antic son más críticos. La portavoz vecinal Maria Mas denuncia que la imagen de personas orinando en su barrio no ha cambiado desde la entrada en vigor de la normativa, una regulación que, dice, no ha paliado el bullicio que siguen sufriendo algunos vecinos con los pisos turísticos. «No se ha notado nada», concreta. En otro barrio cercano, la Barceloneta, la representante vecinal Gala Pin piensa que se creó de cara a los turistas, estigmatizó la pobreza, y«siempre se ha aplicado arbitrariamente». También consideran parcial su práctica Albert Garcia, el representante de la Coordinadora Catalana de Usuarios de la Bicicleta, Albert Garcia, quien tacha la norma, que también regula circulación incívica de bicis, de inaplicable:«Hay tantas prohibiciones que debería de haber un policía cada 10 metros».