Ley del espacio público

En este mes se cumplirán 5 años desde que Barcelona lideró el debate de las ideas sobre la convivencia y el civismo, porque tenemos muy claro que desde los ayuntamientos nos erigimos en las primeras antenas para detectar lo que le ocurre a la gente y somos la primera puerta a la que llaman los ciudadanos. Y nos encuentran.

Nos pusimos al frente y en el punto de mira de la convivencia porque creemos firmemente que una ciudad deja de ser un buen lugar para vivir cuando da la espalda a sus espacios públicos, cuando abandona sus calles, plazas y parques y no escucha lo que desearía encontrar el vecino cuando sale del portal de su casa. Pero está claro que en este viaje las ciudades y sus alcaldes y alcaldesas deben recibir apoyo. Ni la Administración central ni la autonómica pueden dejar solos a los alcaldes en la gestión de retos globales que se reflejan con fuerza en las calles.

Somos los primeros en defender los intereses de los ciudadanos donde haga falta, en crear espacios donde compartir vivencias y en velar para que estén en condiciones; los primeros en generar servicios y atender las necesidades del día a día y los primeros en gritar muy fuerte cuando son otras las administraciones que deben poner los medios necesarios.

Por eso volvemos a levantar la voz para reclamar que se refuerce la autoridad de los alcaldes a la hora de gestionar la competencia del espacio público, que es allí donde ocurre todo, allí donde primero se viven los fenómenos globales. Por eso Barcelona reclama que los alcaldes puedan definir prioridades e impulsar las acciones necesarias en materia de seguridad y convivencia en los municipios, profundizando en la coordinación de las fuerzas de seguridad y para fortalecer la cooperación entre policías, fiscalía y judicatura.

Los municipios necesitamos una ley en la que se tipifiquen aquellas conductas y situaciones que generan problemas de convivencia y de seguridad en el espacio público. Necesitamos un marco competencial que marque pautas de usos del espacio público y dé legitimidad jurídica a las actuaciones de los municipios para que el cambio cívico hacia una convivencia mejor sea cultural, global, transversal y completo. Una ley para seguir mejorando lo que nos sucede en las calles y para afrontar los retos globales con visión de país.