"Quieren echarme con mis hijos discapacitados"

Después de trabajar durante más de 30 años como enfermera y comercial para mantener con un buen nivel de vida a sus dos hijos discapacitados, Marisa Amugu teme verse en la calle. Tenía unos cómodos ingresos por sus dos trabajos que le permitieron adquirir una casa que reformó para sus hijos y por la que pagó 270.000 euros.

«Trabajé como una máquina para vivir con comodidad, pero llegó la crisis, se dispararon los intereses y me quedé sin trabajo», explica. A Marisa Amugu le detectaron hace pocos años cuatro hernias en la espalda que la alejaron definitivamente del trabajo.

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Con unos ingresos de 6.000 euros al mes, mantenía a sus hijos en centros de atención especializados, pero tras el diagnóstico médico tuvo que sacarlos de allí y dedicarse a su cuidado. Ahora solo cobra 1.200 euros no puede hacer frente a la hipoteca y le han embargado el piso. «Cuando hice la reforma, el Banco Santander tasó la vivienda en 384.000 euros, pero ahora se lo ha quedado por 218.000. Y no solo se conforman con eso sino que además tengo una deuda por 80.000 euros por gastos de abogados», explica.

Marisa se ha apuntado a la plataforma de afectados por las hipotecas que ha propuesto al Congreso de los Diputados que si un propietario no puede asumir el pago de la vivienda, salde su deuda cuando entregue la casa, como ocurre en Estados Unidos y en otros países de Europa, pero el PSOE se opone frontalmente.

«Me siento culpable por no haber podido pagar, pero creo que no es justo ni ético que además de quedarse con mi casa por menos dinero del tasado, me quieran endeudar y echarme de mi vivienda con mis dos chicos discapacitados», agrega. Marisa teme ahora que su otra hija tenga que asumir sus deudas. Ella también figura como propietaria.