INVESTIGACIÓN DE UNA PRESUNTA TRAMA DE CORRUPCIÓN

La Generalitat, acusación por los sobornos de Ciutat Vella

Comparece en el proceso judicial por las licencias para pisos turísticos

Heliodoro Lozano Fernández.

Heliodoro Lozano Fernández.

J. G. ALBALAT / Barcelona

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La Generalitat se ha personado como acusación particular en el proceso abierto por la presunta trama de corrupción y sobornos para la adjudicación de licencias de apartamentos turísticos y hoteles en Ciutat Vella. En las diligencias judiciales figuran como imputados, entre otras personas, el ingeniero Joaquín Quílez Mata, el funcionario del Ayuntamiento de Barcelona Heliodoro Lozano Fernández -ahora apartado del servicio- y la jefa de la asesoría legal de Ciutat Vella, Elena Ariza.

Fuentes judiciales aseguraron ayer a este diario que la jueza Elisabet Castelló, que investiga las presuntas irregularidades, ha admitido a la Generalitat como acusación particular. En concreto, se ha personado en el asunto la Conselleria d'Innovació, Universitat i Empreses, que tiene las competencias sobre turismo. Los investigadores sospechan que la trama ofreció apariencia legal a apartamentos turísticos que no estaban realmente homologados por la Administración autonómica.

Los indicios apuntan a que hay empresas que se dedican a este negocio que no están inscritas en el Registre d'Entitat d'Activitats Turístiques, libro en el que deben figurar los apartamentos turísticos que están funcionando. La jueza requirió en mayo del 2010 a la Generalitat los certificados extendidos a favor de empresas del sector implicadas en la trama y para los inmuebles utilizados para esta actividad en Ciutat Vella. La magistrada también requirió que se detallaran las posibles subrogaciones o cambios de nombre de las empresas explotadoras de apartamentos turísticos.

La Generalitat, de esta manera, ejercería la acusación particular en el proceso por presunta corrupción en el que, además, se está investigando las extorsiones y amenazas presuntamente cometidas por uno de los imputados (la acusación recae en el ingeniero Joaquín Quílez) a exaltos cargos del distrito de Ciutat Vella. En este sentido, se ha personado también como acusación la que fuera concejala de este distrito barcelonés Itziar González, que abandonó su cargo el pasado abril.

LOS PERITOS / En el seno del proceso se ha producido un debate jurídico sobre qué técnicos son los más idóneos para realizar el informe pericial encargado por la jueza. El abogado de unos de los imputados ha intentado que no sean, tal y como acordó la magistrada, expertos del Ayuntamiento de Barcelona, por el interés que el consistorio tiene en el asunto. Sin embargo, la jueza ha ratificado su decisión y ha rechazado la impugnación efectuada por la defensa.

Una de las cuestiones que debe dilucidar la jueza en los próximos días es si cita o no a declarar a los 25 empresarios y propietarios de apartamentos turísticos, hoteles y restaurantes de Ciutat Vella que han sido interrogados por los Mossos d'Esquadra como imputados. Alguno de ellos admitió haber pagado cierta cantidad de dinero al ingeniero Quílez para agilizar los trámites para conseguir permisos de obras o licencias de actividades.