actuación de oficio de la policía catalana

Desalojo exprés en una finca del Eixample ocupada hace dos días

El propietario se ahorra la vía judicial al presentar la denuncia en 24 horas

Un joven y su perro abandonan, ayer, el inmueble de la calle de Bailèn ocupado el día antes.

Un joven y su perro abandonan, ayer, el inmueble de la calle de Bailèn ocupado el día antes.

CARLOS MÁRQUEZ DANIEL
BARCELONA

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Si se le cuelan unos okupas en casa, sepa que si pasan 48 horas desde el momento en que entran, usted pierde la opción de echarlos por la vía rápida y se ve abocado al vaivén de tribunales en busca de una orden judicial de desalojo que puede tardar semanas en llegar. La familia Navarro, dueña de la conocida floristería homónima de la calle de València, se benefició ayer de ese tiempo de gracia y contempló cómo los Mossos procedían a echar de una finca de su propiedad a un grupo de jóvenes que habían tomado el primer piso del edificio 24 horas antes.

Sucedió a mediodía. Tres furgones de la policía catalana y otros tantos vehículos se colocaron frente al inmueble, el número 81 de la calle de Bailèn. Uno a uno, los okupas, a los que se acusa de un delito de usurpación, fueron abandonando amistosamente la finca después de ser identificados. Uno de ellos, que carecía de documentación, fue conducido a la comisaría; el resto, se quedaron observando desde una esquina cercana. La cronología es bien sencilla: los chicos entran en el inmueble el jueves sobre las diez de la mañana; los vecinos llaman a la policía por la noche; los Mossos buscan al propietario y este denuncia los hechos a primera hora de ayer habilitando la presencia de los agentes.

MOLESTIA PARA LOS VECINOS / Manel Navarro explicó ayer que es la tercera vez que entran en el edificio y aseguró que la presencia de okupas no le quita el sueño «siempre y cuando no molesten a los vecinos». «Las ocasiones anteriores conseguí que se fueran dialogando largo rato, pero esta vez, viendo los problemas que ocasionaban, no dudé en presentar la denuncia», resumió. Uno de los jóvenes antisistema, sin embargo, aseguró que tenían permiso del dueño y denunció el «acoso psicológico de la policía», que la noche anterior ya estuvo dando vueltas «para dar miedo». Dada la supuesta autorización, el desalojo cogió de sorpresa a esta decena de chicos y chicas, que tenían la intención de quedarse «una larga temporada» en el edificio. Ya en calle, se planteaban desplazarse a un edificio ocupado en la ronda de Sant Pau, cuyo propietario está a la espera de la orden judicial para recuperar su finca, un inmueble construido en 1992 del que nunca se ha logrado vender una sola vivienda.

La familia Navarro, que también es titular de la finca contigua a la ocupada, tiene aprobado un proyecto para construir 25 pisos y un párking, una empresa que de momento no puede prosperar por la presencia en los bajos de un restaurante que tiene contrato hasta el 2014.