La crisis lleva a BCN a flexibilizar las condiciones del alquiler joven

Cuando nació, se planteó como un recurso de emancipación «para dar el salto». Pero con los tiempos que corren, el salto se plantea para muchos más bien al vacío, por lo que el Consorci de l'Habitatge ha optado por cambiar las normas y adaptarse a los (crudos) tiempos que corren. Los pisos de alquiler protegido para jóvenes, bautizados como 10HJ y concebidos para un periodo cerrado de cinco años –tiempo que se consideraba «suficiente» para que el joven encontrara la estabilidad económica necesaria para entrar en el mercado de la vivienda libre–, se convertirán de facto en pisos de alquiler protegido a secas, ya que desaparecen tanto el límite de edad, situado en los 35, como los cinco años del límite de tiempo de estancia. El problema del acceso a la vivienda ha dejado de ser cosa de jóvenes.

A partir de ahora, tanto los jóvenes que ya habitan en el millar de pisos de protección oficial destinados a este colectivo –que sigue definido en la entrada entre los 18 y los 35 años– del Patronato Municipal de la Vivienda y en los más de 600 gestionados por la Generalitat como los que entren en las futuras promociones que se construyan, podrán permanecer en las viviendas por un tiempo indefinido, siempre que sigan cumpliendo los requisitos económicos, es decir, no superar el nivel de ingresos requerido y no poseer ninguna propiedad.

COYUNTURA DIFÍCIL / «La coyuntura económica ha impedido a muchos jóvenes dar el salto, así que no tenía sentido echarles de los pisos para que entraran de nuevo en la bolsa general de vivienda protegida y empezar de nuevo el proceso», reflexiona Antoni Sorolla, delegado de Vivienda de Barcelona, quien apunta que esta flexibilización es «operativa» para todo el mundo. Es decir, los actuales habitantes evitan entrar en la para muchos inaccesible jungla del mercado libre, y el consorcio se ahorra el ajetreo de tener que volver a sortear ese gran volumen de pisos (con los esfuerzos de todo tipo que eso implica). «La situación actual hace priorizar la condición económica sobre la edad», resume Sorolla.

Eso sí, el acceso a estas viviendas seguirá siendo el mismo. Para acceder a un piso de alquiler joven habrá que ser joven (algo que hoy por hoy se entiende por menor de 35), y el primer contrato será de cinco años. Pasado ese tiempo, si uno sigue necesitando un piso social porque sus ingresos son insuficientes para entrar en el más que difícil mercado de la vivienda libre, podrá hacerlo. «Los contratos se revisarán cada tres años de forma indefinida», avanza el delegado de Vivienda.

COMUNICAR LA BUENA NUEVA / Esta decisión, todavía extraoficial, se irá comunicando a los ocupantes de estas viviendas de forma progresiva, a medida que sus contratos estén a punto de caducar. «Hemos empezado a enviar las primeras cartas anunciando la prórroga a las personas a las que pronto se les acaban los contratos», anuncia Sorolla, quien define este cambio normativo como una «ampliación del concepto».

Ese concepto estaba claramente pensado como piso-puente. Los 40 metros cuadros de media que tienen las viviendas de estas promociones no invitan demasiado a formar familias y a asentarse, pese a que en muchos de estos apartamentos sí ha sucedido. Aunque, eso sí, el precio de los mismos es realmente ajustado: supera en poco los 200 euros.

REGISTRO ÚNICO / En cuanto a la situación de los aspirantes –las personas a las que les gustaría poder entrar a uno de estos pisos, pero de momento están fuera–, no es demasiado optimista. El pasado 30 de junio había 23.000 personas inscritas en el registro único de vivienda pública de la ciudad de Barcelona, en funcionamiento desde hace algo más de un año.

En el mes de marzo, el consorcio presentó un nada halagüeño balance del primer año de vida de este registro, del que se podían extraer cifras preocupantes, como que el 52% de los aspirantes a vivienda social no disponen de los ingresos mínimos para acceder ni siquiera al bombo, o que el 41% de los afortunados con un piso social renuncian o se desentienden (o por preferencias, la mayoría, o por motivos económicos). Para intentar atajar el problema de ese 52%, Sorolla afirma que el ayuntamiento invertirá 400.000 euros en reforzar las actuaciones dirigidas a ese colectivo y que creará un contingente especial de 100 pisos que salgan a sorteo directamente con una ayuda especial para el alquiler.