El Periódico

RESISTENCIA POPULAR A LA BURBUJA INMOBILIARIA

El 15-M del alquiler

La batalla por el derecho a la vivienda -y por ende, a la ciudad- ha rearmado el movimiento vecinal en Barcelona

Los ciudadanos se están organizando tanto a nivel micro, finca a finca, como en asambleas de barrio y de ciudad, con el Sindicat de Llogateres

El 15-M del alquiler

CARLOS MONTANES

Asamblea del Sindicat de Llogaters celebrada la semana pasada en la avenida de Mistral.

HELENA LÓPEZ / BARCELONA

Martes, 30 de mayo del 2017 - 10:21 CEST

El domingo colgaron en las redes sociales el primer mapa y, dos días después, este martes, ya lo habían actualizado añadiendo otros nueve espacios. El documento, que empezó a difundir el Sindicat de Barri del Poble Sec -un grupo de vecinos "organizados desde la ayuda mutua para la defensa colectiva del barrio", como se definen-, recoge y sitúa sobre un plano de la ciudad 34 iniciativas populares centradas en la defensa de la vivienda; y sigue siendo un documento en construcción.

O, lo que es lo mismo, muestra gráficamente lo que hace meses es una evidencia en las calles (y plazas) de Barcelona: que el combate contra la burbuja del alquiler ha rearmado los movimientos sociales en la ciudad,  tanto por barrios como de forma coordinada. Un hecho que pone de manifiesto la propia creación de este mapa, que en realidad es una guía, en la que cada plataforma incluye una forma de contacto. A nivel de ciudad, este movimiento se ha puesto de manifiesto con la reciente creación del Sindicat de Llogaters, cuya presentación desbordó el Casinet d'Hostafrancs hace unas semanas.

Asambleas plaza a plaza, en muchos casos finca a finca, que van tejiendo alianzas para hacer frente común en la gran batalla que libran para que los precios del alquiler no les expulsen de la ciudad.

Vladi Olivella, miembro de Fem Sant Antoni -uno de esos 34 espacios- repasa las distintas fincas con las que trabajan como capitán que recapitula los distintos frentes abiertos: Parlament, 1-3; Entença, 2; Borrell, 18... "Empezamos hablando del problema de los pisos turísticos, pero de asamblea en asamblea nos dimos cuenta de que la principal preocupación de los vecinos es salvar sus propias casas; que el peligro era la expulsión real", explica el activista, que insiste en poner sobre la mesa los desahucios invisibles.

Aquellos que no figuran -aún- en ninguna estadística, pero que afectan cada vez a más vecinos que, o no pueden asumir la subida del alquiler y tienen que marcharse, o directamente no se les plantea la posibilidad de renovar. "Por no hablar del empobrecimiento del que decide quedarse, aceptando unos alquileres abusivos o los casos de acoso inmobiliario a los inquilinos con renta antigua, el único impedimento con el que se encuentran los especuladores tras la reforma de la LAU", concluye. "Y el tsunami en Sant Antoni -advierte- está por llegar".

Para plantar cara a este problema no solo trabajan en el barrio, con asambleas cada 15 días y un punto de información en Calabria 66 todos los miércoles por la tarde, también están creando la página web 'No ens farán fora', para compartir información y herramientas -una guía de consejos-, con los grupos de trabajo de vivienda del Poble Sec y el Raval.

En Ciutat Vella, donde la maquinaria de expulsión del vecindario lleva lustros en marcha, los vecinos organizados libran una importante batalla "no solo simbólica" en el número 8 de la Via Laietana, edificio de 18.000 metros cuadrados propiedad municipal (casi) vacío. "En el edificio cabrían 160 familias. Que lo convirtieran en pisos de alquiler asequible sería una victoria también material", subraya Daniel Pardo, miembro de la Xarxa Veïnal de Ciutat Vella. Además de regular los precios del alquiler, la otra gran asignatura pendiente en la ciudad es incrementar el parque público de vivienda.

LAS PRIMERAS VICTORIAS

En ese sentido, la primavera de la movilización vecinal en Barcelona ha sumado ya algunas victorias. La más reciente, de este mismo viernes, fue el anuncio del Ayuntamiento de Barcelona de la compra del 37 de la calle de Leiva, una de las fincas movilizadas en Hostafrancs, que lleva meses denunciando que les querían echar. El consistorio ha anunciado que, para evitar la expulsión de los vecinos, ejercerá el derecho de retracto y pagará 2,7 millones por el edificio, que fue vendido por el BBVA al fondo de inversión Vauras Investment, que, eso sí, ahora puede recurrir.

El 10 de junio todos esos movimientos saldrán a la calle para hacer visible nuevamente este malestar, en una manifestación que prevén masiva, convocada por la Taula Veïnal d'Urbanisme.

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