1.470 terrazas de Barcelona ya han recibido el aviso para reducir mesas o cerrar

En El Plata Bar (Consell de Cent, 233) guardan como oro en paño una foto de hace casi un siglo con su terracita llena de barceloneses en pleno asueto. Llama la atención que el toldo se come parte de la acera y que las mesas no dejan siquiera paso al peatón. Y eso sin que el turismo tuviera aún la culpa de nada. Con más moderación urbanística, la terraza ha sumado décadas de encuentros y millones de cafés y cañas convertida en parte del paisaje del Eixample. Pero ahora puede tener los días contados porque la nueva ordenanza de terrazas que Xavier Trias legó a la ciudad establece que sus cinco mesas de cuatro plazas pasen a ser tres de dos. O sea de 20 clientes a seis. Su actual dueño, más que en despedir personal, piensa en cerrar.

Otros 1.469 negocios también han recibido ya la notificación de que reduzcan el espacio ocupado o se despidan de sus veladores. El colectivo de empresarios de bares y restaurantes ha iniciado una movilización sin precedentes para paralizar la ejecución de estos recortes y exigir la revisión de la normativa. Esta semana celebran reuniones articuladas por calles en las que se avecinan muchos cambios, algunos ya efectuados por miedo al cierre.

El debate sobre un uso excesivo de la vía pública con fines lucrativos está sobre la mesa en los últimos años. Barcelona vive una terracitis aguda, consecuencia de la ley antitabaco del 2006 que impulsó a los operadores a sacar mesas a la calle. En los ejes más céntricos el filón se agudiza por el turismo. No obstante, la normativa aprobada a finales del 2013 y que se está implantando por fases afecta a la totalidad de Barcelona excepto 31 zonas singulares (la mayoría céntricas) aún por regular. Quienes han recibido el comunicado son establecimientos de todos los barrios. Al margen de la notificación de distancias, 844 locales tienen ya orden de retirada total o parcial de sus montajes. La mitad de los casos por deudas contraídas con la Administración que imposibilitan renovar la licencia y remiten a conseguir una nueva, debiendo ejecutar de una sola vez toda la ordenanza de terrazas (y no por fases de implantación como se hace con las que ya estaban en marcha). Unos 250 casos no tienen ni opción a renovar ni de modificarse, porque nunca podrán cumplir con los nuevos criterios.

EL PP SECUNDA LA MORATORIA /Por delante restan otros cientos de notificaciones por enviar, ya que casi la mitad de las más de 4.700 terrazas urbanas tiene que sufrir ajustes. Pero los criterios son tan rotundos que han dejado fuera de juego al sector. Tras pedir una moratoria, como avanzó EL PERIÓDICO la semana pasada, el gremio aguarda una respuesta de la Administración. Al menos una suspensión temporal para jugar en igualdad de condiciones, ya que las zonas singulares no sufrirán aún el tijeretazo. Solo el PP municipal dio ayer un paso al frente secundando la paralización de las sanciones, pese a que los populares se aliaron con Trias en su día para aprobar la ordenanza. Pero no esperaban un resultado tan sangrante.

No parece que vayan a encontrar apoyo en el nuevo equipo de gobierno de Ada Colau, que ayer reiteró que está examinando con lupa la normativa «aprobada por el anterior gobierno» para decidir qué modificaciones llevar a cabo. Pero con la premisa de que serán exigentes en el cumplimiento de normas y un mayor peso vecinal en las decisiones. Desde el Gremi de Restauració enfatizan que «quienes se sientan a tomar algo en una terraza y quienes las montan también son vecinos de esta ciudad», ya que su uso es esencialmente local, excepto en el centro. Y reclaman diálogo mientras firman recursos. Igual que el abogado Eudald Lligoña, que lleva decenas de casos y reclama «que se suspenda la aplicación y todos los grupos revisen la ordenanza». Entre sus clientes están casos de Santaló y Mandri, en pie de guerra, que hoy se reunirán. En El Pescadito de Mandri pasarán de ocho mesas a una, tanto por distancias de paso como por acatar la norma referente a ubicación: solo se podrá ocupar el equivalente a la fachada del local, no del edificio, a partir del 2016. En el Montesquieu, de 10 mesas a 4. Este establecimiento no es el único guillotinado de la cartera del empresario Javier de las Muelas, que afirma no haber sufrido tantas trabas en ninguno de los negocios que tiene en una decena de países ni en Madrid. Califica la situación de «vergüenza» y de «irresponsabilidad» por la lluvia de despidos.

En Escorial también hay movilización, mientras crece una campaña llamada Stop Desnonaments Terrasses. De Gràcia a Sants, pasando por el Eixample, Les Corts... llueven los recursos para frenar retiradas. En Urgell, restaurantes tan concurridos como O'Retorno pasan de ocho a dos mesas, y su vecino Rincón del Ángel, de seis a dos o tres, tras más de dos décadas de negocio familiar. En Gran Via-Entença, el Saoia esperó dos años la respuesta a la renovación de sus ocho mesas que, por estar en chaflán, se quedan ya en cuatro, dejando su viabilidad en el aire.