El Barça y Laporta intercambian nuevos reproches por Can Rigalt

El Barça responsabiliza ante todo a la administración pública pero no exonera a la directiva de Joan Laporta del palo de Can Rigalt. Según la entidad barcelonista, el laudo arbitral que ha provocado que deba devolver 47 millones de la venta de los terrenos “es una injusticia que no se aguanta por ningún lado”. Ahora bien, el club considera que la configuración del contrato de venta se hizo pensando en los ingresos inmediatos y así poder enjugar “las pérdidas arrastradas en ejercicios anteriores” por parte de la junta de Laporta.

El hacha de guerra no se acaba de enterrar entre la directiva de Josep Maria Bartomeu y Laporta. Constantemente aparecen pleitos que fomentan la confrontación. En el caso de Can Rigalt, desde el club se entiende que al no existir en el contrato de la venta ninguna fecha límite para llevar a cabo los proyectos urbanísticos marcados, la junta de Laporta pudo anotarse de inmediato los 35,4 millones acordados. De existir una fecha límite para una reclamación ese beneficio -indican desde el club- no podría computarse hasta años después, el día pactado de vencimiento.

ATAQUES MUTUOS

Laporta señaló este martes que él no tuvo conocimiento de que hubiera ese arbitraje durante su mandato (la venta se hizo en el 2005 y él dejó la presidencia en el 2010) y pidió explicaciones a la directiva de Bartomeu sobre los pormenores de la operación. Luego, en un segundo comunicado, aportó el dato de que "el comprador" (Inmobiliaria Mar) "instó un procedimiento arbitral el 10 de diciembre del 2012”.

O sea, según el expresidente azulgrana, la responsabilidad corresponde a Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, a los que acusó de "acto de cobardía y cinismo" que insinúen "una sombra de sospecha sobre mí y mis compañeros de junta". “Se pretende esconder una grave ineptitud y una alta incompetencia de las juntas de Rosell y Bartomeu para gestionar el club", afirmó. “Un poco de humildad. No salió bien. Al menos, humildad”, se subraya desde la entidad barcelonista.

En el contrato se pactaron unas condiciones, como la recalificación y urbanización de los terrenos para construir 1.000 viviendas, un 25% de protección social, un hotel y una estación de Fecsa-Endesa, además de mejoras en red viaria. Al no concederse el permiso de obras y no llegar a un entendimiento entre las partes, intercedió el Tribunal de Arbitraje, que ha deshecho la venta y fuerza al Barça a la recompra de los terrenos, ubicados en el municipio de L’Hospitalet.

INTERVENCIÓN DE JORDI MOIX

Cuando los terrenos fueron vendidos, el máximo responsable de Patrimonio era Jordi Moix, actual vicepresidente y comisionado del Espai Barça. Moix dimitió días antes de que se consumara la venta. “Se culminó de forma diferente a como él había negociado”, se defiende desde el club.

Los servicios jurídicos del club estudian el laudo y si cabe recurso. En función de ello la directiva deberá decidir cómo se realiza el pago y en qué ejercicio se imputa, si en la temporada 2015-2016 o la 2016-2017. En principio, desde el club se señala que la bolsa prevista para fichajes “no está en cuestión”, pero a la vez, se indica que “todo se verá afectado”.