Cases retirará la querella

Jordi Cases retirará la querella interpuesta contra Sandro Rosell por el fichaje de Neymar. Su abogado, Felipez Izquierdo, ya había decidido desistir de mantener abierto el proceso y el socio azulgrana asume que el objetivo que se había trazado de recibir la información sobre los 40 millones que se habían pagado a la sociedad N&N (el Barça aclaró que responden a las iniciales de Neymar y Nadine, los padres del futbolista) se han cumplido. No solo se ha averiguado el desglose del coste del traspaso, que el club sostiene aún que son 57,1 millones, sino que se han conocido todas las partidas añadidas a al operación. El Barça ha acabado claudicando y reconociendo que el fichaje sale por 86,2 millones de euros, más dos adicionales si Neymar es uno de los tres finalistas al Balón de Oro.

El acuerdo entre Cases y el club está perfilado después de que Jordi Cardoner, vicepresidente del área social del Barça haya llamado al socio. Josep Maria Bartomeu, el presidente, expuso en su primera rueda de prensa tras sustituir a Sandro Rosell, que pretendería mejorar la comunicación entre la entidad y sus asociados. El acuerdo está pendiente de ser ratificado por escrito entre Izquierdo y Toni Freixa, portavoz del Barça y abogado de profesión.

El dirigente debería comprometerse a que el Barça no tomará represalias contra él. Freixa mandó un burofax a Cases a finales de diciembre amenazándole con una demanda por daños y perjuicios, más la reclamación de un sobrecoste en la operación por cargos fiscales. El socio entiende que además de conocerse el destino del dinero, la querella ha demostrado que no era "temeraria" ya que el Barça ha dado todos los detalles y que Rosell y su junta ocultaban gastos adicionales por valor de casi 30 millones de euros.

Aunque Cases retirara la querella contra Rosell -no piensa ampliarla a Bartomeu y Javier Faus, otros firmantes en los contratos de Neymar-, el proceso podría seguir vigente. La Fiscalía había reclamado más documentos (a la FIFA, a Neymar, al Santos y a Deloitte) y había realizado un informe advirtiendo indicios de presunto delito (la figura legal era apropiación indebida en la modalidad de distracción) y podría ser que el juez Pablo Ruz mantuviera la instrucción de oficio.