ACTUACIÓN POLÉMICA

La jueza de Badalona archiva el caso de los panfletos xenófobos de García Albiol

SOS Racisme y la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya interpusieron una querella contra el alcalde de Badalona por vincular la inmigración con la delincuencia

J. G. ALBALAT / Badalona

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ElJuzgado de Instrucción número 2 de Badalona ha archivado las diligencias abiertas contrael alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, por repartir panfletos durante una campaña electoral en los que se relacionaba a los gitanos rumanos con la delincuencia, al considerar que lo ampara la libertad de expresión. La querella fue presentada porSOS Racisme y laFederació d'Associacions Gitanes de Catalunya en noviembre de 2010, cuando la Fiscalía de Barcelona ya había iniciado la investigación.

En un auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona ha acordado sobreseer provisionalmente la causa contra García Albiol al descartar que sus opiniones sobre los gitanos rumanos, expresadas en los panfletos y en varios medios de comunicación, constituyanun delito de incitación al odio y la discriminación.

Libertad de expresión

La jueza se remite a la jurisprudencia sobre los delitos de odio para concluir que sólo pueden ser perseguibles penalmente aquellas expresiones que impliquen "un peligro cierto de generar un clima de hostilidad que pueda concretarse en actos específicos de violencia, odio o discriminación". En su opinión, las expresiones del edil delPP, que aseguró entre otras cosas que los gitanos rumanos acuden a su población a delinquir, quedan amparadas por la libertad de expresión y deben quedar enmarcadas en un debate público "sobre las políticas de inmigración y situación de inseguridad ciudadana y delincuencia enBadalona".

"Se puede participar o no del ideario expresado por el querellado, pero el mismo ejerce su libertad no tan solo como ciudadano sino como representante político con un ideario que le legitima para poder expresar políticas de inmigración alternativas a la vigente (...)", sostiene la jueza, que cree que será "el juego democrático el que deba valorarlas, no la jurisdicción penal". El auto agrega que la persecución por la vía penal de conductas como la deGarcía-Albiol "implicarían en último extremo limitar el derecho a la libertad de expresión en el juego político, lo que resulta dañino en un Estado democrático y plural", especialmente cuando esas manifestaciones Estado democrático y plural", especialmente cuando esas manifestaciones "pueden ser contrarias al ideario político del adversario".