Badalona reclamará el pago del IBI a 17 inmuebles de la Iglesia con usos educativos

Ayuntamiento de Badalona Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a 17 edificios propiedad de la Iglesia que se destinan a funciones pedagógicas en la ciudad. Ese censo se desglosa en 10 escuelas e institutos y siete edificios para prácticas educativas no regladas.

Las autoridades eclesiásticas se ahorran un total de 230.000 euros anuales en IBI de edificios en calidad de enseñanza concertada, el tope que podría aspirar a cobrar el consistorio toda vez culmine su procedimiento. Antes del inicio del próximo curso, en septiembre, Badalona pedirá a los centros religiosos implicados información referente a dichos inmebles, que se centrarán básicamente en la descripción de las actividades que estos espacios acogen, cómo se sufragan y la cantidad de metros cuadrados de superficie. La ciudad cuenta con 24 escuelas concertadas, de las que diez son titularidad de la Iglesia, y los inmuebles afectados ascienden a 17, al inclujir espacios con usos educativos no reglados.  

El consistorio se acoge a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que juzgó ilegales las exenciones fiscales a los edificios religiosos en los que se desarrolan actividades económicas, cuestionando la exención obligatoria del impuesto para todos los ayuntamientos a raíz del convenio del 3 de enero de 1979 entre el Estado y la Santa Sede.

LIBRE COMPETENCIA

La previsión municipal es que para el año que viene el Gobierno central ya haya adecuado el criterio comunitario a la ley de haciendas locales, según ha expuesto el tercer teniente de alcalde de Badalona, Jose Tellez. Será entonces cuando se giren los primeros recibos a dichos centros, según los cálculos consistoriales.

La Iglesia católica y, en bastante menor proporción las demás asociaciones confesionales, dejan de tributar a las arcas municipales alrededor de 350.000 euros en concepto de esta exención tributaria. Más del 65% de esa cantidad recaudada corresponde a inmuebles destinados a la enseñanza privada, un extremo que los hace "susceptibles de estar bonificándose de manera irregular", al recibir "ayudas contrarias a la libre competencia", como ha expuesto la alcaldesa de la ciudad, Dolors Sabater.

La dirigente ha enfatizado la voluntad de primar "la justicia social", al tiempo que ha reinvindicado el papel de las instituciones municipales, "las más cercanas al ciudadano", frente a normativas "como la ley Montoro, que restringen" la intervención consistorial y su voluntad de priorizar "a las personas por delante de oligopolios". 

El pronunciamiento de la justicia europea llegó por una pregunta prejudicial planteada por un juzgado madrileño por un litigio entre la Iglesia y el Ayuntamiento de Getafe. Un colegio religioso de la localidad, gestionado por la Iglesia solicitó, la devolución de un impuesto municipal sobre construcciones y obras por casi 24.000 euros que la congregación religiosa responsable de la escuela había abonado por obras en un edificio escolar, donde se ubica el salón de actos de la escuela y en el que se imparten clases de primaria y secundaria. 

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