Polémica
El glifosato llega a la justicia francesa
Théo tiene diez años, respira gracias a una traqueotomía y pronto volverá a pasar por el quirófano. Será su operación número 52. El niño nació con una grave malformación de esófago y laringe que sus padres atribuyen al efecto nocivo del glifosato, el herbicida del grupo Monsanto comercializado con el nombre de Roundup.
Cuando aún ignoraba que estaba embarazada de pocas semanas, la madre del pequeño inhaló la sustancia durante una carrera de caballos celebrada en una finca familiar. Aunque en los bidones se indica que no hay que respirar el vapor que desprende el herbicida, no se alerta de las consecuencias para el feto durante el embarazo. Es lo que ha llevado los padres de Théo, Sabine y Thomas Grataloup, a denunciar su caso ante la justicia francesa.
Otro caso en Argentina
El proceso contra los fabricantes de glifosato, entre ellos Monsanto, pretende establecer su responsabilidad en las malformaciones congénitas sufridas por Théo, según han explicado este miércoles a través de un comunicado los abogados de la familia Grataloup, William Bourdon, Amélie Lefebvre y Bertrand Repolt.
Los letrados subrayan que, aunque la atresia del esófago es una malformación rara, su aparición tras una exposición al glifosato no es “ni inédita ni única” y que, además del de Théo Grataloup, hay otro caso similar reconocido en Argentina. Esperan, por tanto, que los tribunales franceses reconozcan la relación causa-efecto entre el glifosato y la patología del niño. No sólo para dar la razón a los padres de Théo, sino para sentar un precedente aplicable a otras familias afectadas por el mismo perjuicio.
Renovación de la licencia
La autorización europea para comercializar el glifosato expira en diciembre y su renovación es objeto de una dura batalla en Bruselas. Francia, Austria e Italia se oponen frontalmente a ampliar el permiso diez años más. París votará en contra de la propuesta de la Comisión Europea de renovar la licencia del controvertido herbicida, alegando las dudas existentes sobre su peligrosidad.
Ante la división de los 27, el Ejecutivo comunitario recuerda que los Estados miembros pueden prohibir el uso del glifosato en sus países aunque la Unión Europea dé luz verde a su comercialización. En Francia, por ejemplo, está prohibido desde enero del 2017 que las administraciones territoriales empleen el herbicida en los jardines públicos y a partir del 2019 tampoco se autorizará su uso privado.
Las presiones para extender la autorización proceden tanto de la industria fitosanitaria como de los sindicatos agrarios. Estos últimos esgrimen la ausencia de una alternativa viable al glifosato y alertan de las consecuencias en la rentabilidad de la agricultura europea. Simultáneamente, una iniciativa ciudadana en contra del glifosato ha presentado 1,3 millones de firmas en la Comisión Europea. En medio de este acalorado debate, el diario ‘Le Monde’ revelaba este miércoles un presunto fraude en los estudios científicos de Monsanto favorables al glifosato.
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