Un juicio popular 'condena' a los responsables del almacén Castor

Culpables de todos los delitos. Aplausos y satisfacción entre el público. Así ha concluido esta mañana en Barcelona un juicio popular organizado simbólicamente contra los principales responsables del fiasco del Castor, el almacén submarino de gas situado frente a las costas de Vinaròs y Alcanar. La singular iniciativa, impulsada por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), ha estimado que Álvaro Nadal, actual ministro de Industria, como representante del Gobierno; Florentino Pérez, propietario de la constructora ACS, principal accionista de la planta, y Werner Hoyer, presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), son responsables de que el Castor se haya convertido no solo en un peligro sísmico, sino en escándalo financiero de unas dimensiones extraordinarias.

Al acto, celebrado en el Col.legi d'Advocats de Barcelona, han asistido unas 200 personas, incluidos los testigos y varios vecinos de Alcanar llegados en autocar. Aunque los acusados habían sido citados a declarar por burofax, nadie los esperaba. Lógicamente no habrá ningún vínculo entre el veredicto y la justicia ordinaria, como ha dicho Blanca Vallès, miembro del ODG, pero la iniciativa pretendía abrir una reflexión y evitar que se repitan situaciones similares. El juicio ordinario para este caso está parado desde el año 2014.

Según datos facilitados por Alfons Pérez, responsable de proyectos del ODG,

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la indemnización que el Gobierno pactó con los propietarios del almacén por al cese de la actividad y que ha acabado revirtiendo en la ciudadanía. Son unos 2,36 euros en la factura bimensual del gas, ha insistido Pérez. Los 3.280 millones se obtienen tras sumar los 1.350 millones de indemnización directa, 1.069 millones de intereses en las próximas tres décadas, 660 millones de pagos por obras ya ejecutadas y unos 200 millones, aproximadamente, por el desmantelamiento (todavía sin fecha de ejecución).

PERROGATIVAS ADMINISTRATIVAS

De hecho, el principal motivo del jucio era reflexionar sobre la legitimidad de la deuda del Castor y para exigir responsabilidades sobre el desastre. La indemnización, como ha recordado uno de los testigos, Mònica Guiteras, miembro del ODG que ha investigado el escándalo, ha sido recurrida ante los tribunales por la Generalitat de Catalunya, el PSOE, la patronal Cecot y la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia. Guiteras ha denunciado que el proyecto siempre fue adelante "con garantías públicas que aseguraban la inversión privada". En la misma línea, otro de los testigos, el periodista Jordi Marsal, autor del libro 'Castor: la bombolla sísmica', ha desgranado la historia del Castor y ha denunciado que el almacén "siempre contó con perrogativas administrativas que garantizaban que los accionistas nunca perderían". También ha lamentado que solo hayan sido llamados a declarar técnicos y funcionarios, "pero no ningún político".

El tribunal estaba constituido por los 'jueces' Miren Etxezarreta, profesora emérita de la UAB; David Fernández, periodista y exdiputado de la CUP en el Parlament; Marco Aparicio Wilhelmi, profesor de Derecho de la Universitat de Girona, Mónica Vargas, investigadora del Transnational Institute, y David Bondia, profesor de Derecho de la UB.