De la biblioteca en Can Xammar al turismo: el diccionario 2018 de Mataró

Después de un 2017 durante el cual la política catalana –especialmente en el último semestre- ha marcado la vida política local de Mataró (el ejemplo más obvio es la ruptura del pacto PSC-CiU a principios de octubre), el 2018 debería de ser un año clave para sacar adelante proyectos estratégicos de ciudad, teniendo en cuenta que es el último año antes del de las elecciones municipales de 2019.

Biblioteca en Can Xammar. En el mes de junio, el Ayuntamiento y la Fundació Iluro firmaron un convenio inicial por el cual la antigua Biblioteca Popular pasaría a formar parte de la red pública  de la Diputació de Barcelona, que es lo que quiere la entidad heredera de Caixa Laietana. En aquel momento, casi todo el mundo supuso que el equipamiento se mantendría en el actual espacio de la Plaça de l’Ajuntament -con entrada también por la calle Pujol-. Pero dos semanas atrás, en la presentación del proyecto de presupuestos municipales, el gobierno municipal en solitario del PSC dio a conocer su voluntad de situarla en Can Xammar, en la Plaça de la Muralla, concretamente en el edificio que anteriormente albergó el establecimiento cultural Actua y que ahora no tiene ningún uso (con esta operación, el actual espacio de la biblioteca se convertiría en oficinas municipales, dada la falta de espacio que hay tanto en los locales de El Carreró como en la planta baja del edificio consistorial). Para hacerlo posible, el gobierno local presupuesta ni más ni menos que 750.000 euros. Parece, no obstante, que el primer proyecto estrella del gobierno en solitario de los socialistas requerirá la modificación de la calificación urbanística del antiguo edificio y aumentar su edificabilidad en 400 m2, cosa que requeriría la aprobación del pleno municipal. Los primeros meses de 2018 -la misma aprobación del presupuesto municipal con esta provisión económica inesperada- serán claves para saber si el proyecto va hacia adelante o no.

Cerdanyola. Cerdanyola.El 2018 podría ser “el año de Cerdanyola”, después de que buena parte de las inversiones pendientes de la Llei de Barris del tripartito hayan empezado a ejecutarse ya este 2017 en el barrio de Rocafonda por valor de 2 millones de euros. Este será, pues, el año de las concreciones sobre cómo transformar el “barri gran” de la ciudad -sería uno de los municipios más grandes del Maresme, si fuera independiente- a partir del trabajo hecho con los vecinos en el marco del Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola. De momento, la asociación de vecinos reclama que se resuelva de una vez por todas el déficit histórico de parking (según datos del propio Ayuntamiento faltan 1.667 plazas entre Cerdanyola Norte y Sur). Otra de las peticiones constantes que habrá que atender es cómo llevar a cabo un cambio copernicano en la mejora del estado de las calles, en relación con la limpieza y la recogida de residuos.  

Confluencia de izquierdas. Confluencia de izquierdas.Pasado el 21D y a no ser que la polarización electoral se rebaje en gran medida durante el 2018, cosa poco probable, todo el mundo cuenta con que en mayo de 2019 tanto Esquerra Republicana como Ciutadans y el PSC (por el efecto de ostentar actualmente la alcaldía) sacarán buenos resultados en las elecciones municipales. La duda es si la confluencia local de Catalunya en Comú -después que el círculo local de Podemos haya vuelto al oficialismo y aposte por el trabajo con ICV y EUiA- será capaz de presentar una candidatura que obtenga un fuerte espaldarazo electoral, como en 2015 pasó en municipios como Badalona o Sabadell, y sea por lo tanto clave a la hora de formar gobierno. También deberá aclararse si una hipotética versión local de Junts per Catalunya (después de los buenos resultados del 21D) será capaz de mantener un registro electoral parecido al que tenía la antigua CiU -5 concejales- y que los propios responsables locales del PDEcat vislumbraban muy difícil. De momento, en enero está previsto que la sección local del partido heredero de CDC convoque elecciones primarias.

El Corte Inglés. Sería una auténtica temeridad afirmar que el 2018 podría ser el año en que definitivamente la posibilidad que este popular centro comercial llegue a la capital del Maresme quede confirmada o descartada del todo (que es lo más probable). Después de tres lustros en los cuales este espinoso asunto ha sobrevolado la ciudad, ahora mismo la cuestión es saber qué decisión tomará el Tribunal Supremo ante el recurso de casación que el Ayuntamiento presentó a finales de septiembre después que dos meses antes se anunciara que el TSJC anulaba todo el planeamiento urbanístico de la zona. Esto implicaba que, en el improbable caso que el centro comercial decidiera retomar su llegada, habría que volver a aprobar toda una hoja de ruta urbanística que lo hiciera posible. De momento, el recurso no ha tenido respuesta -podría demorarse dos años, a tenor del ritmo de producción del Supremo-, pero si al final ésta es negativa, hará falta aclarar si la anulación del planteamiento urbanístico implica definitivamente la reconstrucción de la fábrica de Can Fàbregas en su emplazamiento original o no. Y si así fuera, haría falta conocer si El Corte Inglés estaría dispuesto -aunque en el pasado su negativa fue precisamente lo que propició el traslado de la fábrica- a construir el centro comercial cohabitando con la antigua Can Fàbregas. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. De momento, ningún grupo político ni la plataforma Salvem Can Fàbregas ni tampoco la Assemblea Pagesa -que es quien interpuso el recurso que el TSJC estimó- han llevado la cuestión de nuevo a debate público, conscientes del hartazgo que este tema despierta entre los mataroneses. No obstante, en una comparecencia en julio a raíz del anuncio del TSJC la Assemblea Pagesa anunció nuevas acciones en el futuro, por ejemplo pedir explícitamente al Supremo que aclare si hay que reconstruir la antigua fábrica donde estaba antes de ser desmontada o denunciar públicamente el incumplimiento del contrato firmado entre El Corte Inglés y el Ayuntamiento en 2012, por el cual las obras deberían de haber empezado como máximo al cabo de dos meses de la firma del mismo (hecho que se incumplió). En todo caso, entre los comerciantes del centro de la ciudad la sensación de desolación es más fuerte que nunca y el anuncio del cierre del establecimiento Zara, ubicado en La Riera, para después de estas fiestas navideñas reafirma la necesidad de contar con una nueva locomotora comercial, la función que tenía que ejercer El Corte Inglés.

Hospital de Mataró. Antes de que llegara la intervención de la Generalitat por parte del gobierno español a través del artículo 155, los mataroneses ya habían oído hablar de "intervenir un ente público": la propia Generalitat tomó en octubre de 2015 el control del Hospital de Mataró y lo puso bajo su directa tutela. Un año y tres meses después, la autonomía de gestión del Consorci Sanitari del Maresme no se ha recuperado y no está claro que esto ocurra en 2018: incrementos de gasto especialmente en el capítulo de personal (crecimientos vegetativos de salarios, retornos de pagas extras, un contencioso respecto al cobro de la parte proporcional de las guardias en periodo vacacional…) hacen que el Consorci siga cerrando los ejercicios en negativo, según explican fuentes municipales.  Desde el Ayuntamiento insisten en que el hospital es eficiente y que lo que hace falta es que el ingreso económico anual sea mayor para equilibrar su funcionamiento. Más allá de esta cuestión, durante 2018 el Ayuntamiento tiene que ceder 15.000 m2 para la ampliación del hospital y la construcción del nuevo espacio sociosanitario que sustituirá al Hospital de Sant Jaume, un tema pendiente desde hace años (en principio, esta reserva de suelo se aprobará inicialmente en el pleno de febrero). Finalmente, este 2018 también estaba previsto la habilitación del nuevo Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP) en el Camí del Mig, el primer equipamiento de estas características en la ciudad, que tendría que servir para aligerar las colas de urgencias en el hospital, que estos últimos días se han vuelto nuevamente insoportables, con esperas de cuatro horas.

Mataró Parc. A principios de 2017, una información publicada en el periódico Ara levantó una falsa alarma en relación a la posible ampliación del centro comercial Mataró Parc, otra cuestión que de vez en cuando saca la cabeza en la ciudad. Un año después, la falta de acuerdo en el seno del gobierno local entre socialistas y convergentes -mientras lo compartían- queda claro que ha entorpecido totalmente estos planes. Aunque la voluntad de Tomás Olivo sigue intacta, no ha habido ninguna propuesta concreta ni conversación sobre el tema entre el alcalde David Bote y él desde el mes de marzo. Está por ver si el hecho de que desde octubre sean los socialistas –que ven el proyecto con buenos ojos- los que gobiernan la ciudad en solitario facilita que los planes de Olivo puedan llevarse adelante o si, por el contrario, el hecho de tener solo 6 de los 27 concejales en el gobierno dificulta esta posibilidad. De momento, la nueva responsable de Urbanismo, Núria Moreno, ha empezado su andadura en este tema pidiendo un informe jurídico para aclarar "qué supondría jurídicamente la ampliación". Sea como sea, la gerencia del centro comercial sigue con su estrategia de intentar atraer tiendas del centro de la ciudad para vincular su oferta al entorno más próximo. Recientemente abrió sus puertas una sucursal de L’Atlàntida, popular pizzería de Vilassar de Mar, y a principios de marzo se instalará también una tienda de Pèls, peluquería con sede en la calle Isern.

Macroprostíbulos. Durante las últimas semanas de 2017 el Ayuntamiento de Mataró tuvo un nuevo revés judicial en relación al caso de los macroprostíbulos (es ya el tercero, de hecho) que un promotor quiere edificar en Les Hortes del Camí Ral: el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya estimó el recurso contencioso administrativo contra una sentencia del juzgado Contencioso 10 de Barcelona que había declarado caducada la licencia ambiental preceptiva para el inicio de las obras. Así las cosas, sólo un nuevo recurso municipal ante el  Supremo podría paralizar teóricamente el inicio de unas obras de un gran complejo de más de 2.000 m2 y unas 80 habitaciones en la Via Sèrgia y la calle Josep Calvet.  Anteriormente, en el mes de mayo, el Ayuntamiento ya había recibido otra jarra de agua fría al conocerse que el Supremo confirmaba la sentencia del TSJC de 2015 que anulaba parte de la ordenanza municipal que impedía la llegada de los macroprostíbulos a Mataró, con la cual el Ayuntamiento trataba de impedir la apertura de dos grandes prostíbulos en la ciudad (en el texto se establecía un límite máximo de 500m2 para la actividad principal y limitaba al 10% de la superficie total el espacio destinado a habitaciones). La pregunta es obvia: será 2018 el año en que se instalarán los macroprostíbulos en Mataró, finalmente? De momento, el alcalde David Bote –con el apoyo de todos los grupos municipales- ha insistido en varias comparecencias públicas en que activará todas las herramientas que tenga en su mano para impedir el proyecto. De todos modos, finalmente lo que podría hacer naufragar el proyecto es la delicada salud financiera del promotor del espacio, Josep Maria Colomer, que estaría buscando vender los terrenos donde pensaba construir los macroburdeles, según publicó La Vanguardia.

Puerto de Mataró. A finales de año se dio a conocer que el Plan Estratégico que prepara el Consorci del Port estará dotado con 107 millones de euros, a ejecutar hasta 2030. El Plan se empezó a gestar en noviembre de 2016 y pretende revitalizar la instalación tanto desde un punto de vista náutico como comercial, reforzando la vinculación con el municipio. Una vez más, la clave la tiene la Generalitat, que es quien manda en el Consorci del Port. Por otra parte, cuestiones tan obvias como la reactivación comercial dependen de que se sea capaz de animar los posibles nuevos inversores. Y finalmente, una pieza clave del puzzle es el soterramiento de la Ronda Barceló, una obra que depende del Ayuntamiento y cuesta 17 millones de euros, actualmente parado.  

PUMSA. PUMSA.El año termina con la propuesta en firme del nuevo ejecutivo del PSC en solitario de dar un nuevo enfoque a la empresa municipal PUMSA por el cual se ocupe específicamente de la gestión de vivienda pública y deje de lado las promociones urbanísticas que le dieron sus grandes momentos de gloria durante la burbuja inmobiliaria pero que también provocaron sus críticas más feroces (se convirtió en la bestia negra de los ejecutivos de izquierdas que gobernaron entre 2003 y 2011). Ahora sería el propio Ayuntamiento quien asumiría estas operaciones urbanísticas, si se cree necesario. Este año 2018 será clave para confirmar si Mataró pasa página en este sentido.

Turismo. Turismo.Los indicadores son cada vez más positivos y el turismo se está convirtiendo en unos de los nuevos filones de ocupación locales, por raro que parezca a los mataroneses (y buena falta le hace a la ciudad, que ha visto como su renta media es de 24.423 euros, lejos de los 28.810 de media catalana, y que observa como el paro sigue en el 15,5%, una de las tasas más elevadas de Catalunya). Obviamente a día de hoy no hay datos turísticos del conjunto de 2017, pero algunas previsiones apuntan que la demanda podría haber subido un 20% respecto 2016, de modo que se superaría sin problemas el techo de las 100.000 pernoctaciones. No obstante y antes de que sea tarde, haría bien el Ayuntamiento en poner orden en este terreno ahora que justo empieza a crecer la existencia de pisos turísticos. En junio pasado, la edición local de Mataró de EL PERIÓDICO desveló que más de un 30% de los pisos que oferta Airbnb en la capital del Maresme no están registrados por la Generalitat.  

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