Sin recuperación de las clases populares

Las medidas tomadas durante la crisis no solo no han abordado los déficits estructurales de nuestra economía, sino que amplían el riesgo de repetir fórmulas obsoletas que dificultan que la mejora llegue a toda la población

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CARME MARTÍNEZ. RESPONSABLE DE ACCIÓN SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA

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La crisis económica ha puesto al descubierto déficits estructurales que no se habían abordado seriamente en los años precedentes y que se han visto agravados como consecuencia de las medidas adoptadas para salvar el sistema financiero.

En primer lugar, el tejido productivo en España tiene dificultades para crear empleo e invertir en I+D para adaptarse a los cambios y ser más competitivo, ya que está formado por un número muy elevado de empresas pequeñas o microempresas con muchos problemas para mantenerse en el tiempo. Según el INE, a 1 de enero del 2016 el 83% de empresas tenía dos o menos trabajadores (el 55,3% no tienen ningún trabajador) y solo el 15,8% de las empresas existía desde hace 20 años o más.

En segundo lugar, Catalunya y España han mantenido a lo largo de los años un esfuerzo relativo en gasto de protección social significativamente inferior a los países de la UE. Entre el 2000 y el 2007, el gasto social en Catalunya era de 10 puntos porcentuales por debajo de la media del peso del gasto social sobre el PIB de los países de la UE-28, e incluso por debajo de la de España. Durante la crisis, el gasto social disminuye y también lo hace la presión fiscal, fundamentalmente en impuestos directos (impuestos sobre la renta, el patrimonio y el capital).

Burbuja inmobiliaria

El periodo de crecimiento económico en España y Catalunya tuvo mucho que ver con la burbuja inmobiliaria que se alimentó de la desregulación del mercado basado en la recalificación del suelo, la relajación en las condiciones de acceso al crédito hipotecario, las bonificaciones fiscales para la adquisición de una vivienda y ningún apoyo al alquiler, a pesar de que el artículo 47 de la Constitución garantiza el derecho a una vivienda digna y adecuada y determina la responsabilidad de los poderes públicos a regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general y a impedir su especulación. Resultado: el porcentaje de vivienda de alquiler es los más bajos de Europa, entre el 15 y el 20%

Ninguna de las medidas aplicadas ha tenido como objetivo modificar los déficits anteriormente mencionados y amplían el riesgo de caer en la tentación de repetir fórmulas obsoletas que dificultan que la mejora de la situación económica pueda llegar a la mayoría de la población.

Competitividad y salarios

Las reformas laborales han desregulado el mercado de trabajo por la vía de individualizar las relaciones laborales con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas basada en la disminución de los costes laborales (más precariedad y menos salarios), pero no ofrecen ninguna solución a la dificultad de creación de empleo estable. Todo lo contrario, en el 2015 se crearon 378.715 empresas, pero cerraron 331.812.

El camino debe ser otro. En este sentido hay que valorar positivamente el Pacto Nacional por la Industria (PNI) entre los agentes sociales y la Generalitat, presentado en julio pasado. El PNI prevé una inversión de 1.844 millones de euros para desarrollar 116 acciones concretas para mejorar la competitividad y el empleo industrial, incrementar la dimensión de las pymes, promover las infraestructuras necesarias para el desarrollo de la industria 4.0, mejorar la capacitación de los trabajadores, mejorar las infraestructuras y promover la economía verde. Estas medidas deben ir acompañadas del aumento del salario mínimo y un nuevo marco de derechos laborales que recoja las nuevas realidades y recupere el marco de la negociación colectiva modificado en las últimas reformas del estatuto de los trabajadores y trabajadoras.

Por otra parte, los recortes en gasto social han supuesto un incremento de las desigualdades y, por tanto, también de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social. La aprobación de la renta garantizada de ciudadanía, que entró en vigor el pasado 15 de septiembre fruto de la presión social, puede contribuir a paliar la situación de las personas en esta situación pero no la revierte. Por eso es necesario situar el gasto social en la media de la UE e invertir en educación y sanidad pública, en dependencia y prevención, al tiempo que se implementan políticas fiscales más progresivas con un incremento de la presión fiscal.

Resolver la emergencia habitacional

Posiblemente, en la línea que hemos ido argumentando, uno de los problemas más graves a los que hay que hacer frente es el de la vivienda. Para resolver la emergencia habitacional ya no es suficiente gravar las viviendas desocupadas o las segundas residencias. Es necesaria una intervención decidida, en primer lugar, para incrementar el actual 2% de vivienda social hasta un 20%. Modificar la actual ley de arrendamientos urbanos, que en su última modificación ha desprotegido a los inquilinos y ha agilizado los desahucios por impagos, intervenir en el alquiler privado en zonas de alta demanda residencial con el objetivo de bajar los gastos que supone la vivienda para situarlos de acuerdo con los ingresos e incrementar el parque de vivienda pública de alquiler. Los incentivos fiscales no son un buen camino para resolver los problemas y no garantizan el derecho a una vivienda digna.

Para que todo el mundo pueda salir de la crisis se necesita trabajo dignosalarios dignos y una vivienda digna y adecuada.