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Cómo acabar con la corrupción

Ante el continuo descubrimiento de tramas corruptas, la sociedad civil empieza a pasar de la indignación a la petición de soluciones.

Juan Fernández

Eclipsada por el conflicto político de Catalunya, la reciente filtración a la prensa de una escucha telefónica incluida en la investigación del 'caso Lezo' se vio privada del espacio mediático que merecía, dado su contenido, y al final tuvo más difusión por las redes sociales que en los titulares de los informativos. En la grabación se oye a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid (PP), tratando de convencer a su socio de la conveniencia de abrir "una casa de putas" en Palencia para llevar a cabo "un blanqueo de dinero de cojones". Ante las dudas mostradas por su interlocutor, el político insiste: "Pero un puticlub bien montao".

Cuando esta conversación tuvo lugar, las informaciones más escandalosas de la 'trama Gürtel' llevaban tiempo siendo materia de tertulia y habían obligado al PP, aunque fuera a regañadientes, a entonar un mea culpa por haber permitido tamaña podredumbre en sus despachos. Pero mientras González participaba en aquellos golpes de pecho por la decencia que proponía su partido, su preocupación era otra: necesitaba blanquear, aunque fuera en un "puticlub", los millones que había amasado ilícitamente en Latinoamérica cuando presidió el Canal de Isabel II, la entidad que gestiona el agua en Madrid. Se sentía seguro, impune, no imaginaba que pudieran estar grabándole, ni que la Guardia Civil acabaría dando con los 5,4 millones de dólares que escondía en Colombia.

90.000 millones de euros
les cuesta cada año a los españoles la corrupción, según la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia

El hallazgo de este botín, hecho público a principios de noviembre, ha sido el último episodio bochornoso en el largo e inacabable culebrón de escándalos que protagoniza la corrupción en España. La historia reciente del país podría contarse a través de los nombres de las tramas que más escarnio público han provocado en la última década: 'Malaya', 'Nóos', 'Púnica', 'Pokemon', los ERE, 'Palau', '3%', 'Pretoria'… Por debajo de ese nivel de hitos mediáticos hay otro estrato formado por historias menos conocidas, de escala local, que dotan de músculo a la corrupción en España hasta convertirla en una suerte de eje vertebrador, pero opaco, del país.

La 'cara b' de la economía

El repaso de las tramas descubiertas en la última década se antoja tan agotador como inabarcable. No hay un registro oficial de casos ni existe un cómputo definitivo de cuánto dinero se mueve en esa 'cara b' de la economía nacional, pero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estima que la corrupción les cuesta cada año a los españoles 90.000 millones de euros, la mitad de ellos proveniente de los sobrecostes que experimentan las facturas de las obras públicas para engordar los bolsillos de los corruptos. Según un informe de la Unión Europea, uno de cada cuatro euros que licitan las administraciones españolas se pierde por ese coladero.

Se trata de magnitudes llamativas, aunque lo más sorprendente de la corrupción en España es la buena salud de la que goza, visto el frenesí que se vive últimamente en los tribunales. Según la memoria del Poder Judicial, el año pasado se cerraron las investigaciones de 112 procedimientos que sentaron en el banquillo a 659 acusados por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y malversación, 79 de los cuales acabaron en la cárcel. El 2017 va por el mismo camino: en el primer semestre se completaron 57 investigaciones judiciales por estos mismos delitos en las que se procesó a 116 individuos. Si se tratara de una empresa con aspiraciones de salir a bolsa, la corrupción en este país sería una apuesta ganadora.

Han pasado 22 años desde la creación de la Fiscalía Anticorrupción y 13 desde que España se sumara al Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción, que se celebrará el próximo sábado para recordar la importancia de acabar con este cáncer de la democracia, pero esta batalla dista mucho de estar siendo ganada. La acumulación de casos, acelerada en los últimos años, permitiría más bien hablar de una década perdida.

Escandinavos de boquilla

Los ciudadanos, al menos, lo perciben así. En el 2007, los españoles situaban al país en el puesto 25 en el índice de percepción de la corrupción que elabora la asociación Transparencia Internacional. Diez años más tarde lo habían bajado hasta el puesto 41, considerándolo más corrompido que estados como Botswana, Cabo Verde, Bután o Barbados. También es revelador que hace una década solo el 3% de la población creía que la corrupción era el principal problema del país, según el Barómetro del CIS, pero el pasado verano ese porcentaje había llegado al 54%, hasta el punto de señalarlo como la segunda mayor preocupación de los ciudadanos, tras el paro.

659 acusados por prevaricación,
cohecho, tráfico de influencias y malversación se sentaron en el banquillo en el 2016. De ellos, 79 acabaron en la cárcel

¿Realmente estamos ante una batalla imposible de ganar? Los expertos en esta materia son más optimistas de lo que sugiere el retrato actual de la corrupción. "Asistimos a un efecto retardo: la sensación de alarma se ha disparado porque los escándalos están constantemente en los medios, pero esto es una buena señal: significa que la gente reacciona y se indigna", apunta Manuel Villoria, de Transparencia Internacional. Según este catedrático de Ciencia Política especializado en ética administrativa, se está dando un cambio de parecer en la ciudadanía: "En pocos años hemos pasado de aplaudir al alcalde corrupto cuando volvía al pueblo tras salir de la cárcel, a declararnos tan implacables con los defraudadores como los finlandeses. Nos hemos vuelto escandinavos, al menos de boquilla".

Lucha contra la lacra

Esa indignación ciudadana explicaría la agitación que ha empezado a desatarse en los la sociedad civil para exigir soluciones. En los últimos meses, asociaciones de afectados y grupos de activistas como Corruptil, la Plataforma X la Honestidad, el colectivo 15MpaRato, la Fundación por la Justicia o la asociación de abogados Hay Derecho han puesto en circulación diversos documentos en los que enumeran una serie de medidas que consideran necesarias y efectivas para luchar contra esta lacra.

La abogada Lara Carrasco, presidenta de Corruptil y actualmente personada como acusación popular en varios procesos por corrupción, ha logrado reunir esta semana en Madrid a medio centenar de juristas, periodistas, denunciantes y expertos en transparencia para discutir los contenidos que debería incluir la "ley integral de lucha contra la corrupción" que, desde su punto de vista, necesita el país. "Hay que proteger al denunciante, mejorar los sistemas de control en la administración, crear una Agencia Española Anti-corrupción realmente independiente y fomentar la decencia en las escuelas y en la sociedad. Pero hay que hacerlo todo a la vez. Si la violencia de género precisó de una ley integral, esto también la necesita", analiza esta letrada, quien ha puesto en marcha una plataforma de 'crowdfunding' para promover esta reforma legislativa.

Uno de los aspectos que subrayan con más insistencia los colectivos de afectados es el referente a la protección de los denunciantes. Todas las tramas descubiertas hasta ahora vieron la luz gracias a alguien del entorno de los corruptos que se atrevió a contar lo que estaba pasando. La mayoría de las veces, este gesto de valentía y dignidad se tradujo en la pérdida del puesto de trabajo y la persecución judicial y personal.

41º es el puesto que ocupa España en el ránking de percepción
e la corrupción, según Transparencia Internacional,
por detrás de Botswana
o Barbados

"Señalar la corrupción no puede llevar acarreada la ruina. El alertador necesita tener la seguridad de que no solo no será despedido, sino que tendrá apoyo moral, legal y psicológico para hacer frente a lo que viene después, que es muy duro", advierte Pedro Arancón, presidente de la Plataforma X la Honestidad, donde ofrecen ayuda y asesoramiento a denunciantes de casos de corrupción. Esta asociación fue creada en el 2015 para dar amparo a Ana Garrido, la empleada del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) que destapó la 'trama Gürtel' y posteriormente fue objeto de acoso laboral y personal.

En el horizonte se vislumbra ahora mismo una oportunidad para dar un giro al problema de la corrupción. En breve, los partidos comenzarán a discutir en el Congreso las enmiendas a la Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes que presentó Ciudadanos al comienzo de esta legislatura. El texto regula la figura de los lobis, mejora la actual ley de Transparencia para hacerla más efectiva, prohíbe la presencia de procesados por corrupción en listas electorales, así como los indultos a corruptos, y propone la creación de una entidad independiente que proteja a los funcionarios y empleados de empresas públicas que se atrevan a denunciar. "Se trata de dar un puñetazo en la mesa y lanzar a la sociedad el mensaje de que vamos a tomarnos la corrupción en serio", resume Nacho Prendes, diputado de Ciudadanos.

Una ley que se queda corta

Las asociaciones de afectados celebran ver al poder político reaccionando ante esta demanda popular, pero creen que el proyecto de ley se queda corto. "¿Qué pasa con los ciudadanos de a pie que no sean empleados públicos y quieran denunciar una situación de corrupción que hayan detectado, quién les protege?", plantea Lara Carrasco, quien también echa de menos más inversiones de dinero público en campañas educativas para concienciar a la población. "No acabaremos con la corrupción si antes no cambiamos algunos hábitos sociales nocivos y eliminamos la tolerancia hacia los corruptos que aún pervive en la sociedad", señala.

"El controlador no puede depender del controlado, como ocurre en nuestras instituciones", subraya la abogada Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho

A fin de cuentas: ¿qué tiene un finlandés que no tenga un español para que allí haya ínfimos niveles de corrupción y aquí sea la segunda preocupación de la población? "Nada. Lo único que nos distingue es que sus administraciones tienen mejores controles que los nuestros para evitar que se den estas situaciones", responde Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de Hay Derecho, colectivo de juristas que promueve la regeneración institucional. "Cuando el secretario de un ayuntamiento o el tesorero de una empresa pública depende del político que le ha nombrado, tenemos un problema. Deberían ser profesionales de carrera e independientes. El controlador no puede depender del controlado, como ocurre ahora mismo en muchas instituciones de nuestro país", añade.

La voz de la experiencia se apunta a este diagnóstico: "Esta es una carrera sin fin. A medida que se lo ponemos más difícil, el corrupto acaba encontrando resquicios por los que colarse para seguir cometiendo fechorías. Se siente impune, así que no hay más remedio que perseguirle hasta que caiga sobre él todo el peso de la ley", concluye el veterano abogado Mariano Benítez de Lugo, personado como acusación popular en el juicio del caso Gürtel y responsable de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya tenido que declarar como testigo.

Inteligencia Económica

El analista financiero Herbé Falciani, famoso por haber publicado una lista de 130.000 defraudadores que tenían dinero oculto en bancos suizos, dejó esta semana boquiabiertos a los asistentes a las jornadas #NoMásCorrupción que organizó Corruptil al descolgarse con una medida revolucionaria: "La corrupción es una industria, ¿por qué no nos beneficiamos todos de ella? Compartamos con todo el mundo los sistemas que usa una élite de privilegiados para optimizar su dinero. Yo antes trabajaba para ellos. Prefiero trabajar para la sociedad". Su propuesta consiste en crear Agencias de Inteligencia Económica que democraticen la información que hoy solo está en conocimiento de los defraudadores. "No para convertirnos todos en corruptos, sino para causar en el sistema el efecto de una vacuna", añade. Puede que ese día Ignacio González no pueda blanquear su dinero negro ni invirtiéndolo en puticlubs.
 

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El Periódico

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