Por una Barcelona más humana y más justa

Maria tiene problemas para circular con su silla de ruedas por su calle y lleva un tiempo pidiendo  una reforma de las aceras. Jaume sufre cierta sensación de inseguridad cuando vuelve de trabajar de madrugada por la falta de alumbrado en su calle. A Carlos y sus vecinos de escalera les cuesta conciliar el sueño por el ruido que genera un establecimiento de madrugada. Estos tres casos son ficticios, pero representan algunas de las variadas quejas recibidas en la Sindicatura de Greuges de Barcelona, una institución pública e independiente encargada de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de la ciudadanía. 

La Sindicatura de Greuges de Barcelona, creada por el Ayuntamiento en el 2003, supervisa la actuación municipal y asesora frente a cualquier problema. En otras palabras, esta entidad atiende las reclamaciones de las personas que se sientan perjudicadas por el Ayuntamiento y cualquiera de sus servicios públicos. Sus actuaciones son totalmente gratuitas y no se requiere la asistencia de abogado o procurador. En otras palabras, su objetivo es que nadie pueda quedar en situación de indefensión.

Procedimiento

Aunque el número de actuaciones crece cada año, la Sindicatura es un buen recurso de asesoramiento y de supervisión relativamente poco conocido por los vecinos de la ciudad, que pueden hacer llegar sus quejas y consultas  con independencia de su nacionalidad, edad y situación legal. Asimismo, la Sindicatura, también vela por los derechos y libertades de las personas que están de paso por Barcelona. Así, cualquier persona física o jurídica que haya tenido un problema con los servicios municipales puede hacer llegar su queja a la Sindicatura, que puede intervenir en un amplio abanico de asuntos, la mayoría relacionados con la vida diaria: seguridad ciudadana, transportes, limpieza, servicios sociales, vivienda, escolarización, prestaciones de la Ley de Dependencia, tributos, civismo, inmigración, y asignación equitativa de los recursos, entre otros. 

Se puede presentar una queja a la síndica después de haber reclamado al Ayuntamiento y no recibir respuesta o cuando se considera que la respuesta no tiene motivación suficiente o se ha cometido un error. Las resoluciones de la síndica no son vinculantes, pero el consistorio las escucha y a menudo rectifica si comprueba que se han dado situaciones injustas o mejorables. Así, por ejemplo, supervisó cinco quejas por molestias de ruido nocturno provocadas por la carga y descarga en diferentes establecimientos durante el 2017 y dio la razón a los vecinos ya que en la mayoría de los casos se tardó demasiado tiempo en hacer la inspección correspondiente. Asimismo, la síndica, que entendía que estas molestias podían afectar gravemente la salud de las personas, recomendó que se hicieran medidas sonométricas para comprobar el cumplimiento de la Ordenanza de medioambiente. 

La actuación de la síndica siempre es confidencial y, por tanto, los datos que presenta una persona cuando formula una queja son reservadas excepto en los casos que haya una renuncia expresa por parte del reclamante.

Último informe

La institución acaba de iniciar su tercer mandato con Maria Assumpció Vilà como síndica, quien fue elegida por un mandato de cinco años en el 2010 y reelegida en julio del 2016 en el Consell Plenari del Ajuntament.  El año pasado llevó a cabo 3.344 actuaciones, de las cuales 1.609 fueron tramitaciones de quejas. El resto de los expedientes, 1.735, fueron consultas y asesoramiento general.  Los expedientes cerrados con una decisión sumaron 448, de los cuales solo una cuarta parte fueron desestimados.

La mayoría de las quejas estaban relacionadas con la tramitación de licencias para actividades económicas (200) y el transporte público y la circulación (232). En este segundo grupo destacan las quejas vinculadas con el estacionamiento de vehículos, la potestad sancionadora de la Administración y el uso de la grúa municipal. En esta misma línea, los órganos afectados por las quejas realizadas por la ciudadanía son el Àrea de Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (13,2%), el Institut Municipal d’Hisenda (10,5%) y el Institut Municipal de Serveis Socials (6,4%). 

La grúa municipal

La Sindicatura de Greuges recibió 36 quejas entre enero del 2014 y junio del 2016 por «una actuación desproporcionada» de la grúa entendiendo que la conducta infractora no justificaba una solución «tan drástica» como la retirada del vehículo. La síndica resolvió que la retirada «no es un acto sancionador», sino un instrumento para «corregir una alteración del orden público viario». Maria Assumpció Vilà recomendó a los operarios «proporcionalidad y equidad», sin que la decisión adoptada suponga «impunidad de la conducta infractora». La síndica también ha sugerido a los servicios municipales varias medidas como difundir entre la ciudadanía el sentido y los objetivos de la grua y los costes del servicio que fundamentan el cálculo de las tasas. Asimismo, también aconseja informar de la posibilidad de hacer el pago fraccionado de la tasa de arrastre de la grua.

La Sindicatura también consiguió que se otorgara la condición de agente de la autoridad a los vigilantes de las zonas de aparcamiento verdes y azules. El objetivo es proteger estas personas de los ataques que sufren desde hace años y que los ataques puedan ser castigados con más dureza.