Primer revés al intento de frenar la maniobra de Boris Johnson

Los opositores al 'brexit' duro del primer ministro británico han perdido el primer asalto de su combate para detener la suspensión del Parlamento anunciada por Boris Johnson el pasado miércoles. El juez del Tribunal Civil de Edimburgo, Lord Doherty, ha decidido no conceder una orden de emergencia para evitar la suspensión de la Cámara. La orden fue solicitada por un grupo de 75 diputados británicos de diversos partidos a principios de agosto en Edimburgo —porque la Corte Suprema de Londres estaba cerrada por vacaciones— por si Johnson cumplía su amenaza de cerrar el Parlamento.

“No considero que se haya demostrado que se requiera una suspensión temporal [de la orden para cerrar el Parlamento]”, dictó el juez. Los 75 diputados se han querellado contra el consejo que le dio el Gobierno a la reina para suspender el Parlamento. Consideran que pretendía evitar que se legislara contra un 'brexit' sin acuerdo. “Los poderes del Ejecutivo no son ilimitados y sin restricciones, y no vivimos en un estado totalitario”, argumentó Aidan O’Neill, el representante de la acusación en la vista de tres horas del jueves.

El martes, día clave

El juez ha denegado una orden de emergencia, pero el caso no está cerrado. Ha convocado una vista completa para el próximo martes, precisamente el día que se vuelve a reunir el Parlamento en Westminster antes de cerrarlo a la semana siguiente, para valorar más detalladamente el caso antes de decidir si prohíbe la suspensión de la Cámara.

La ministra de Justicia escocesa, Joanna Cherry, una de las que está detrás de la causa, dijo que han pedido que el martes comparezca Boris Johnson para prestar una declaración jurada sobre sus motivos para pedir el cierre del Parlamento. Si comparece, será otro episodio inédito en la historia política moderna británica.

Otros frentes jurídicos se han abierto en paralelo. El primero, en Belfast, donde ayer presentó una denuncia contra el Gobierno el activista Raymond McCord. Y el segundo, en Londres, donde el exprimer ministro John Major y el vicelíder laborista, Tom Watson, confirmaron que se unían a la empresaria Gina Miller para denunciar en la Corte Suprema el próximo 5 de septiembre la suspensión del Parlamento. Miller ya llevó la decisión de Theresa May de invocar el artículo a los tribunales, que dictaron que debía legislarse en el Parlamento, ralentizando todo el proceso de salida.

El precedente de Major

A Major, sin embargo, se le acusa de hipócrita porque él hizo lo mismo que Johnson en 1997, cuando era primer ministro y suspendió el Parlamento, a través de una prerrogativa real, durante 19 días para evitar que se investigara un caso de corrupción contra su partido. Aquella suspensión terminó en elecciones y con Tony Blair en el poder.

El Gobierno se mostró satisfecho con la decisión del juez escocés. Johnson defendió su decisión. “El Parlamento aceptó dar voz a la gente [en el referéndum del 2016] y aceptar su decisión”, reiteró el primer ministro. Y añadió que la Cámara “ha estado debatiendo el 'brexit' durante tres años sin llegar a una conclusión, y habrá tiempo suficiente después del 14 de octubre".

Sin embargo, el debate sobre el 'brexit' se ha mantenido siempre como un asunto interno del Partido Conservador y cuando Theresa May quiso abrir el foco a la oposición, en marzo, fue obligada a dimitir. Y, ahora, cuando Johnson dice que habrá tiempo para dimitir, no se refiere al 'brexit' duro sino al acuerdo que espera conseguir con la UE. “Al prepararnos para salir en cualquier caso [el 31 de octubre], hemos fortalecido enormemente nuestra posición con nuestros amigos y socios de la UE porque ven que vamos en serio”, expresó.

El escollo de la salvaguarda irlandesa

Johnson cree que ahora la UE aceptará quitar la salvaguarda del acuerdo para evitar la frontera con Irlanda. La cancillera alemana, Angela Merkel, dio un mes a Johnson para encontrar una solución. El ministro de Exteriores irlandés, Simon Coveney, declaró por su parte: “No se puede simplemente decir que se elimine la salvaguarda y que en futuras negociaciones encontrarán una solución sin ningún plan creíble”.

"Esto no es cierto —le replicó el ministro de Transporte británico, Grant Sharpp—. Hemos presentado un plan con un sistema tecnológico que ya está en el mercado y que garantiza el comercio en ambos lados de la frontera sin necesidad de controles”. “Nadie desea un acuerdo más que Irlanda”, expresó Coveney.

"Desgarrar el país"

A las críticas contra Johnson se sumó también el exprimer ministro Gordon Brown, quien le acusó de “desgarrar el país”. Brown confesó que había hablado con líderes europeos y que “la semana que viene la UE quitará el 31 de octubre como fecha límite para eliminar la excusa de Johnson de que la UE es inflexible y permitir a los diputados [británicos] votar contra salir sin acuerdo”.

Las protestas se trasladarán a la calle este sábado. Se han convocado manifestaciones en una decena de ciudades británicas. La principal será en Londres. Y el movimiento ciudadano Momentum, que está detrás de Jeremy Corbyn, ha hecho una llamada a la desobediencia civil y ha pedido que se ocupen puentes y carreteras ante lo que ellos consideran “un golpe de Estado”.