Venezuela celebrará elecciones presidenciales el 22 de abril tras otro fracaso del diálogo

El diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela ha vuelto a empantanarse. Las conversaciones han entrado en “una especie de receso indefinido”, ha explicado en su calidad de mediador el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina.  El Gobierno de Nicolás Maduro decidió seguir adelante con su hoja de ruta y puso la fecha de los comicios presidenciales: el 22 de abril.

El anuncio coincidió con nuevas presiones del frente exterior. El Tribunal Penal Internacional (TPI) iniciará una “investigación preliminar” por el uso en Venezuela de una “fuerza excesiva” policial durante las protestas del 2017, que dejaron decenas de muertos. La fiscala Fatou Bensouda puntualizó que el TPI tratará de determinar si existe un “fundamento razonable” que le permita tomar cartas en el asunto.

En este contexto, y mientras la Administración Trump estudia estrechar el cerco económico contra Caracas, el Parlamento Europeo aprobó una petición para ampliar las sanciones que ya impuso la Unión Europea contra Venezuela.

El acuerdo frustrado

Medina expresó su desazón por el nuevo e inesperado traspié. Según el mandatario dominicano, la delegación del Gobierno de Venezuela había llegado a su país “con el propósito de firmar un acuerdo definitivo”, pero la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD)  “no entendió que estaba obligada a firmarlo y pidió tiempo para evaluar el documento”. Jorge Rodríguez, el jefe de la delegación chavista, atribuyó la marcha atrás opositora a presiones del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, quien días atrás inició una gira por Argentina, Perú y Colombia con la cuestión venezolana como tema principal. 

Maduro rubricó el texto en soledad.  Según el Acuerdo de Convivencia Democrática que mostró ante las cámaras de televisión, el chavismo y la MUD se comprometían a crear una “comisión bilateral para suprimir las sanciones unilaterales contra el país”. A su vez, convenían proponer al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que enviara una delegación de acompañamiento electoral. Se pactaba asimismo en lo referente a la equidad en el acceso a los medios y la creación de mecanismos que permitan la “coexistencia institucional” entre la Asamblea Nacional (Parlamento, dominado por la oposición) y la Asamblea Nacional Constituyente.  Se estudiarían también “propuestas constructivas” para afrontar la grave crisis económica y social. Medina y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero debían encabezar la denominada “Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo”.

La contrapropuesta opositora

Sin embargo, la MUD hizo público un documento paralelo que incluye sus propuestas desatendidas: el levantamiento de las inhabilitaciones políticas que pesan sobre Henrique Capriles y Leopoldo López,  y la liberación de los presos políticos.  

La MUD solicitó además que los comicios presidenciales se celebren el 10 de junio y, ante la negativa del Gobierno, buscar una fecha intermedia.“Hasta que no haya un acuerdo digno no firmaremos nada. Emplazamos al Gobierno a que no cometa el paso absurdo de seguir convocando elecciones unilaterales”, dijo Borges. 

La reacción de Zapatero

Zapatero no contemplaba este desenlace, y así se lo hizo saber a la MUD a través de una carta: “De manera inesperada para mí, el documento no fue suscrito por la representación de la oposición. No valoro las circunstancias y los motivos, pero mi deber es defender la verdad y mi compromiso es no dar por perdido el lograr un compromiso histórico entre venezolanos. Es por ello que le pido, pensando en la paz y la democracia, que su organización suscriba formalmente el acuerdo que le remito, una vez que el Gobierno se ha comprometido a respetar escrupulosamente lo acordado”. Según Zapatero, en la República Dominicana se había llegado a “un consenso básico para un gran acuerdo” que daba respuestas a muchos planteamientos, entre ellos “un proceso electoral con garantías, las condiciones de la Comisión de la Verdad, la cooperación ante los desafíos sociales y económicos, el compromiso por una normalización institucional y las garantías para el cumplimiento del acuerdo”.

Chile, en tanto, decidió suspender de manera indefinida su acompañamiento al diálogo porque “no se han acordado condiciones mínimas para una elección presidencial democrática y una normalización institucional”.