La Unión Europea sancionará a siete altos cargos del régimen de Venezuela

La oposición da portazo al diálogo con el Gobierno tras la polémica surgida por la muerte en un enfrentamiento a tiros en Caracas del policía rebelde Óscar Pérez y otros seis integrantes de su grupo armado

Guardias bolivarianos detienen a un manifestante durante una protesta en Caracas, el pasado 28 de julio.

Guardias bolivarianos detienen a un manifestante durante una protesta en Caracas, el pasado 28 de julio.

EFE / Bruselas / Abel Gilbert / Buenos Aires

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Los países de la Unión Europea (UE) han aprobado este jueves sanciones contra siete altos cargos del Gobierno de Nicolás Maduro por la "represión" en Venezuela, que implican la congelación de activos y la prohibición de entrar en territorio comunitario. En su reunión semanal, los embajadores de los estados miembros de la UE han logrado un "acuerdo político" para someter a medidas restrictivas a una "lista" de siete altos cargos venezolanos, informaron fuentes europeas.

La decisión se formalizará la próxima semana en el Consejo, coincidiendo con la reunión de ministros de Exteriores que se celebra el lunes en Bruselas, aunque el trámite podría demorarse unos días. Las sanciones están ya acordadas y se suman a las impuestas en noviembre, un embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para la "represión interna" en Venezuela. La UE abrió la puerta a la posibilidad de imponer medidas selectivas contra los responsables.

Gran polémica

Uno de los afectados por las sanciones es el ministro del Interior, Néstor Reverol, estos días en el centro de una tormenta política en su país por la muerte al expolicía  Óscar Pérez y otros seis integrantes de su grupo armado, el pasado lunes. El ministro ha dicho que las fuerzas de seguridad llegaron a los “terroristas” gracias a una colaboración opositora, declaraciones que ha levantado una gran polémica en Venezuela y que han traído nuevas turbulencias en las negociaciones entre el Gobierno y la opositora la Mesa de Unidad Democrática (MUD) que se llevan a cabo en Santo Domingo. La cita para el diálogo de este jueves ha sido suspendida. 

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento), Julio Borges, ha dicho en un comunicado que las declaraciones de Reverol, quien “falsamente aseguró haber obtenido información sobre el expolicía Óscar Pérez en el último encuentro del diálogo”, son el motivo del frenado de las conversaciones. La MUD ha considerado que debido a lo afirmado por el ministro del Interior es necesario que los representantes de los país mediadores estén presentes en todas las conversaciones a fin de que no sea luego distorsionado su contenido. “El Gobierno no ha desatado los nudos que quedaron pendientes en la última reunión sobre los temas electorales e institucionales”, ha señalado además.

La MUD también ha enviado una carta al presidente de República Dominicana, Danilo Medina, anfitrión de las reuniones, asegurando que se “quiere enlodar un proceso (de diálogo), que se ha llevado con mucho con acusaciones irresponsables (...)”.  El diputado Luis Florido ha dicho que Reverol ha “mentido” a los venezolanos y sus palabras  “obstaculizan” las conversaciones. “El Gobierno debe desmentirlo. Un acuerdo de Estado exige seriedad”.

Solución negociada

La portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Catherine Ray, ha reiterado durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea (CE), que la UE mantiene su "mensaje político" y "apoya firmemente los esfuerzos para una solución negociada a la crisis de Venezuela". Las exigencias tanto de la MUD como del chavismo muestran claramente el nivel de los desafíos que plantea el diálogo.

La MUD reclama garantías electorales para los comicios presidenciales previstos para el 2018, la apertura de un canal humanitario que permita el envío de medicinas y alimentos, la liberación de los encarcelados que consideran "presos políticos" y la restitución de los poderes constitucionales de los que fue despojado el Parlamento.

El oficialismo, por su parte, pide a la oposición que contribuya al levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre algunos de sus funcionarios y el reconocimiento de la Asamblea Constituyente, un órgano plenipotenciario integrado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos Gobiernos.