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TENSIÓN POLÍTICA EN BUENOS AIRES

Un juez argentino pide desafuero y prisión provisional para Cristina Fernández

La expresidenta está acusada de encubrir a dos iranís implicados en el atentado contra la mutualidad judía de Buenos Aires en 1994

Abel Gilbert

Cristina Fernández de Kirchner saluda durante un mitin en Buenos Aires, el pasado 20 de junio.

Cristina Fernández de Kirchner saluda durante un mitin en Buenos Aires, el pasado 20 de junio. / REUTERS / MARCOS BRINDICCI

El juez argentino Claudio Bonadío ha pedido este jueves el desafuero y la prisión preventiva de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández, a la que acusa de "traición" Bonadio ha tomado la decisión en el marco de una causa altamente sensible para la política argentina: el presunto encubrimiento del atentado contra la mutual judía de Buenos Aires (AMIA) que el 18 de julio de 1994 provocó 84 muertos, como parte de un pacto con Irán jamás llevado a término.

El juez ha ordenado también el arresto domiciliario del exministro de Exteriores, Héctor Timerman, debido a su delicado estado de salud.  El exsecretario General de la Presidencia Carlos Zannini , un dirigente social cercano al kirchnerismo, Luis D'Elía, y un referente de la comunidad islámica en Argentina, Jorge “Yussuf” Khalil, han sido también detenidos durante la madrugada.  

De esta manera, Bonadio ha hecho suya la denuncia de Alberto Nisman, el fiscal que investigaba el atentado y falleció el 18 de enero de 2015, horas antes de fundamentar ante el Parlamento las razones de acusar de traición a la patria a Fernández de Kirchner. Una reciente investigación de la Gendarmería asegura, contra las evidencias acumuladas por los forenses e investigadores, que fue asesinado en su apartamento.

El esclarecimiento del atentado contra la mutual judía ha sido la gran asignatura pendiente de la justicia argentina. Cuando todavía se removían los escombros de la AMIA, informes de la CIA y el Mossad responsabilizaron de la masacre a Hizbulá, la organización chií libanesa vinculada a Irán.

El primer juicio contra la "conexión local" que ayudó a los terroristas fue una farsa con testigos comprados y terminó con la destitución del magistrado Juan José Galeano. En el 2006 entró Nisman en escena y dictó órdenes de captura contra siete contra iranís  y un libanés vinculado a Hizbulá.

Sin colaboración iraní

Pero la causa nunca se movió porque Irán no permite la extradición de sus ciudadanos y en Argentina no se celebran juicios en ausencia.  En este contexto, el kirchnersmo intentó que un juez y fiscal argentinos viajaran a Teherán para interrogar a los presuntos implicados. Irán aceptó en principio la propuesta, auspiciada por Interpol, sobre la base de un acuerdo que incluiría una llamada Comisión de la Verdad encargada de dar un dictamen no vinculante.

El entendimiento del 2013 con Irán fue aprobado por el Congreso. Nisman en principio le dio el sí. La comunidad judía lo rechazó. La justicia lo declaró inconstitucional. En rigor, ese pacto nunca rigió: los iranís se negaron a avalarlo porque Argentina mantuvo las alertas rojas de la Interpol que pesan sobre los supuestos involucrados.

Ariete del Gobierno

A finales del 2014,  en medio de una purga de los servicios de inteligencia de sectores vinculados a Washington que alimentaban de informaciones a Nisman, el fiscal, quien en más de una década había avanzado muy poco en su tarea, creyó que peligraba su puesto. Entonces dio un viraje y lanzó a acusación contra la presidenta. La justicia rechazó por abstractas e infundadas sus denuncias.

En igual sentido se pronunció el exsecretario general de Interpol, el norteamericano Ronald Noble. Bonadio ha pasado por alto todos estos detalles. El kirchnersmo está convencido de que el juez es un ariete fundamental de un Gobierno alineado con el ala más dura de la política israelí y que busca disciplinar a la oposición para llevar adelante un programa económico y social regresivo.

Una vez más, la expresidenta, que ahora es senadora y por eso goza de inmunidad, ha negado una vez más los hechos. "Es absurdo, se trata de un acto de política exterior, no objeto de sanción judicial, y fue aprobado por el Parlamento. Es una causa inventada sobre hechos que no existieron. Desde el punto de vista jurídico es un despropósito, un exceso. Estas medidas no solo violan el Estado de derecho sino que buscan provocar daño personal y político a los opositores. No tienen nada que ver con la justicia y la democracia. No hay causa ni delito. El juez y el Gobierno lo saben. Esto es una humillación inédita en democracia. Mauricio Macri [el actual presidente argentino] es el principal responsable político de una organización político-judicial para perseguir a la oposición", ha afirmado. 

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