Una nueva víctima mortal acrecienta el choque entre el Gobierno argentino y grupos mapuches
Abel Gilbert
Corresponsal en Buenos Aires
Especialista en América Latina y doctor en comunicación. Ha cubierto los principales acontecimientos políticos regionales durante las últimas dos décadas para El Periódico. Es autor de ocho libros, tres de ellos en colaboración, y se apresta a publicar otros dos.
Abel Gilbert
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, se enfrenta a un complejo problema en la cordillera patagónica, además de a la búsqueda infructuosa del submarino ARA San Juan en el Atlántico Sur. El conflicto entre el Estado y parte de la comunidad indígena mapuche ha encontrado una nueva víctima fatal. Rafael Nahuel fue velado con la camiseta de Boca Juniors y un crucifijo plateado en la cabecera del ataúd. Tenía 22 años. Había muerto el fin de semana por un balazo en la espalda disparado por un grupo de elite de las fuerzas de seguridad que intentó entrar violentamente en la comunidad Lafken Winkul Mapu, en la ciudad Bariloche, unos 1.500 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno ha vinculado a Nahuel, un joven herrero sin mayores intereses políticos, con un fantasmal grupo armado. Los familiares lo niegan rotundamente. Organismos de derechos humanos aseguran que el Ministerio de Seguridad fabrica un enemigo interno para disciplinar la protesta. "No voy a bajar los brazos. No puedo creer cómo me lo trajeron de esa manera: en un cajón. Solo quiero justicia para mi hijo", afirmó Graciela Salvo, la madre del herrero. La autopsia pedida por la justicia determinó que Nahuel recibió una bala de 9 mm y murió como consecuencia de una hemorragia interna, después que el proyectil entrara por el glúteo izquierdo, atravesara los intestinos, el hígado, el diafragma y el pulmón.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que el grupo Albatros de la Prefectura intervino por orden del juez Gustavo Villanueva y disparó "hacia los árboles" para disuadir a los ocupantes de un sector del Parque Nacional que los habían atacado con armas de grueso calibre. "El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no. Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad", dijo Bullrich, quien en su juventud simpatizó con la guerrilla peronista Montoneros. La vicepresidenta Gabriela Michetti también defendió con elocuencia al grupo Albatros: "el beneficio de la duda siempre lo tienen que tener las fuerzas de seguridad". Ramón Chiocconi, un médico que acudió a la zona de los hechos, rechazó la versión oficial. "No hubo ningún enfrentamiento ni tienen armas, y esto es compatible con lo que vi". Los integrantes de la comunidad escucharon primero una voz de alto. Luego, dijo, vieron a los efectivos policiales. "Casi inmediatamente sonó el primer disparo". Entre los tres heridos estaba Nahuel.
El Gobierno promete más dureza
El ministro de Justicia, Germán Garavano, ha advertido que "la violación de la ley tiene y va a tener consecuencias", y vinculó a los mapuches de la provincia de Río Negro con los de la provincia de Chubut, a 1.700 kilómetros al sur de la capital, donde se concentra el enfrentamiento de la comunidad Cushamen con el empresario italiano Luciano Benetton, dueño de 800.000 hectáreas. En el marco de la represión contra esas protestas falleció el activista Santiago Maldonado. El día de su sepelio, el pasado domingo, perdió la vida Nahuel.
El Gobierno justifica su mano dura ante la presencia de una supuesta Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) a la que asocia con el separatismo kurdo. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, dijo que esa inverificable organización, asociada con los mapuches radicales que operan al otro lado de la cordillera de Los Andes, en la Aaraucanía chilena, "pone en discusión la organización del Estado argentino, nuestra bandera, el himno y la patria". Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificó de "preocupante" el argumento del "enemigo terrorista" que amenaza a la nación. "Los que estuvimos en la zona, sabemos que no existe ningún informe serio, ni una investigación judicial que describa o sitúe una amenaza real de grupos armados". El propio obispo de la Diócesis de San Carlos de Bariloche, monseñor Juan José Chaparro, advirtió: "se está armando un enemigo. Yo no conozco su existencia".
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