El Congreso de EEUU empieza a abordar su flagrante problema de acoso sexual

Cuatro de cada diez mujeres que trabajan en el Congreso de Estados Unidos consideran el acoso sexual un problema en Capitol Hill. Una de cada seis de esas empleadas lo ha sufrido personalmente. Y solo una de cada diez es consciente de que existe una estructura (extremadamente cuestionada y aparentemente ineficiente) para informar de conductas inapropiadas.

Los datos provienen de una encuesta que realizó en julio del año pasado CQ Roll Call, una publicación que lleva siete décadas especializada en la cobertura del Congreso. En el momento en que se publicaron pasaron casi desapercibidos. Ya no.

Desde que hace menos de dos meses ‘The New York Times’ reveló las primeras acusaciones por agresión y acoso sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein, Estados Unidos ha abierto los ojos a un problema sistémico que ni mucho menos es exclusivo de Hollywood. Las denuncias con nombres propios han sacudido numerosos sectores, desde la industria tecnológica hasta el mundo del arte o el del periodismo. Las víctimas por fin empiezan a tener la credibilidad que durante décadas se les ha negado. Y "la hora de la verdad", el "punto de inflexión", también se siente en el Congreso.

El fin del secreto a voces

Las Cámaras se han constatado como un terreno abonado para el acoso, en parte por su estructura. Se trata de un club insular y dominado por hombres, donde las oficinas de congresistas y senadores funcionan como empresas independientes y manejan presupuestos y políticas laborales con escasa o nula supervisión. Entre los miles de empleados y becarios, además, hay numerosos jóvenes, más vulnerables en el inicio de sus carreras. Y como le ha dicho a ‘The Washington Post’ Debra Katz, una abogada laboralista que ha representado a empleadas del Congreso en casos de acoso sexual, "existe la sensación de que llevar adelante una acusación de este tipo sería el fin de cualquier carrera trabajando para cualquiera en Capitol Hill, y sin duda lo sería".

El problema del acoso, no obstante, es flagrante y generalizado. Y ha sido, como en otros sectores, uno de esos secretos a voces que a veces sale a la luz con escándalos individuales pero que se ha aceptado casi como una especie de peaje que se combate con normas no escritas que comparten las mujeres. Como le han contado cerca de 50 fuentes del Congreso a la CNN, se trata de recomendaciones que se pasan de viva voz, igual que la lista de los legisladores "babosos": tener cuidado con los que duermen en sus despachos, evitar quedarse a solas con uno en ascensores y eludir en la medida de lo posible reuniones nocturnas o actos donde se sirve alcohol.

En la nueva ola de conciencia nacional, no obstante, acaba el secreto. Y mientras otra vez afloran escándalos con nombres propios (como cuatro acusaciones de tocamientos contra el senador demócrata Al Franken o la de relaciones con adolescentes que señalan al candidato republicano al Senado Roy Moore), en Capitol Hill lo que se denuncia es, sobre todo, una cultura.

Genitales expuestos y tocamientos

Congresistas y otras empleadas han dado detalles, tanto en las redes sociales como en entrevistas y artículos y en una vista que se celebró el día 14 en un comité del Congreso de instancias de acoso y agresión, aunque prácticamente nadie ha dado nombres de los responsables. Y sobre la mesa se ha puesto la realidad de exposiciones de genitales y tocamientos indeseados, de besos forzados, de casos como el de una ayudante de un congresista que recibió un bonus salarial tras acceder a ser cosificada o presiones denigrantes con preguntas del estilo "¿Vas a ser una buena chica?"

La meta de las denuncias no es solo la exposición del problema, sino el cambio del funcionamiento en las Cámaras, y se han empezado a lograr algunos avances. El Senado aprobó a principios de mes legislación que hará obligatoria para senadores y sus empleados y becarios la formación para prevención del acoso, que era voluntaria hasta ahora. El presidente de la Cámara Baja también anunció, horas después de la vista del día 14, que se impondrá esa obligatoriedad, aunque la legislación para hacerlo aún tiene que tramitarse.

Un proceso rígido y críticado

El objetivo final, no obstante, es más ambicioso: cambiar el rígido y criticado sistema interno que está en vigor para denunciar el acoso en el Congreso. Este se puso en marcha en 1995, cuando se pasó una ley justo tras un escándalo protagonizado por el senador Bob Packwood, acusado de agresiones y abusos por 19 mujeres, sobre todo empleadas del Congreso y lobistas. Como se lee en una carta pública firmada por más de 1.500 antiguos trabajadores del Congreso, "es inadecuado y necesita reformas".

Quien quiera iniciar acciones por un caso de acoso en el Congreso tiene 180 días para hacerlo ante la Oficina de Cumplimiento, la misma que pone a disposición de los congresistas un vídeo educativo de 20 minutos (que desde el 2015 solo han visto 800 personas en una institución con más de 13.000 empleados) o que reparte posters con los derechos de los trabajadores (que muy pocas oficinas cuelgan).

Una vez que se presenta una queja, se está obligado a someterse a un proceso de asesoría que puede durar hasta 30 días. Después, hay otros 15 días de plazo para decidir si se pasa a la siguiente fase, que es la de mediación (algo que es opcional en el resto de empleos federales).

En esa fase de mediación un abogado (pagado por los contribuyentes) representa a la institución. Y si no se logra un acuerdo, quien denuncia el acoso debe esperar otros 30 días para presentar una queja ante un tribunal o en una vista administrativa.

Todo el proceso es confidencial, lo que impide poder apoyarse en testimonios de colegas para respaldar las denuncias. Si antes de que concluya se logra un acuerdo económico para concluirlo, el pago sale de las arcas públicas (en concreto de un fondo especial del Departamento del Tesoro). Y solo si quien ha denunciado acoso acaba viendo un resultado a su favor, la queja administrativa o la demanda judicial puede hacer público el caso.

Protección de la institución

"No es un proceso favorable para la víctima, es un proceso de protección de la institución", ha denunciado la congresista demócrata Jackie Speier. Ella, que desde 2014 había presentado anualmente sin éxito iniciativas legislativas para hacer el proceso de formación en prevención de acoso obligatorio, fue quien lanzó la campaña en las redes #MeTooCongress y ha contado su propia experiencia de acoso a manos de un jefe de personal de un congresista cuando ella era una joven empleada en la Cámara.

Speier también es coautora de una de las varias propuestas de ley que en las dos Cámaras pretenden la transformación del proceso. Esas propuestas incluyen extender al becariado protecciones que actualmente no tiene, hacer optativos la asesoría y la mediación y acabar con la confidencialidad. Asimismo se plantea hacer públicos los nombres de quienes han sido acusados y han llegado a acuerdos económicos, obligándoles a reembolsar al Tesoro los pagos, y crear listas públicas que identificarían a las oficinas de legisladores que tienen quejas de acoso pendiente.