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CRISIS EN CARACAS

Venezuela deja de pagar parte de su deuda

La calificadora crediticia Standard & Poor's declara al país caribeño en bancarrota parcial

El Gobierno de Maduro dice haber cumplido con las obligaciones pese a las presiones

Abel Gilbert

el presidente nicolas maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. / REUTERS

La clasificadora de riesgo Standard and Poor's (S&P) dictaminó que Venezuela entró en una “bancarrota selectiva” al no cancelar en término uno de los pagos de su deuda externa: 200 millones de dólares correspondientes a bonos globales cuyo período de gracia había expirado el pasado 12 de noviembre. Finch y Moody's hicieron lo propio después de un incumplimiento de la petrolera Pdvsa, fuente generadora de las divisas de un país dependiente del crudo que produce y vende. S&P estimó a su vez que existe un 50% de posibilidades de que Venezuela “pueda entrar en los próximos tres meses” en suspensión de pagos parcial. En lo que resta del año, le quedan pendientes al país obligaciones por 1.470 millones. Jorge Rodríguez, el ministro para la Comunicación e Información reveló sin embargo que en la tarde del martes se inició el pago de los intereses de la deuda externa “de manera franca, clara y correcta”, sin hacer mayores precisiones. Rodríguez acusó a “aquellos que pensaban que  iban a lograr por la vía de la calificadora de riesgo” agredir “a buenos pagadores, como es el caso de Venezuela”. Dijo que en este caso“no lo lograron”. Rodríguez precisó a su vez que “solamente la semana pasada” Venezuela pagó dos mil millones de dólares “por concepto de intereses de deuda de Pdvsa”. El ministro insitió que “Venezuela es de los (países) mejores pagadores, de los más solventes pagadores del mundo a lo largo de su historia”. Con su voluntad de cumplir las obligaciones, el Gobierno dijo haber respondido “a estos genuflexos de la derecha venezolana, a los centros de la Unión Europea y centros financieros internacionales”.

El Gobierno chavista había acusado anteriormente a las agencias de querer “entorpecer” el proceso de negociación que se lleva a cabo en Caracas con sus acreedores para reestructurar y refinanciar un pasivo de 60.000 millones de dólares, casi un 40% de la deuda total del país. Las reuniones se iniciaron el lunes y las expectativas preliminares de los protagonistas han sido fuertemente contrastantes. Asistentes al encuentro con las autoridades venezolanas dijeron a la agencia Reuters que no recibieron ninguna propuesta concreta y que se trató de una “oportunidad perdida”. Uno de los problemas que atraviesan las negociaciones tienen que ver con los representantes de la parte venezolana: el vicepresidente Tareck El Aissami y el ministro de Finanzas Simón Zerpa, ambos sancionados por la Administración de Trump. Los bonistas fueron advertidos que negociar con ellos supondría una violación de esa medida.

Por su parte, el Gobierno aseguró que las reuniones con 414 tenedores de bonos, en su mayoría norteamericanos, comenzaron “con rotundo éxito”. Durante el encuentro se ratificó la intención de “cumplir cabalmente” con las obligaciones pese a los “intentos” de la Administración de Trump de “agredir la economía” y dificultar “lo que ha sido una constante en la conducta de nuestra patria respecto a sus compromisos: los hemos honrado, más allá de las dificultades que atravesemos y de los bloqueos”.

Pago gigantesco

En los últimos tres años, y en medio de una constante contracción de la economía y sus consecuencias (desabastecimiento de medicinas y alimentos, aumento de la pobreza), Venezuela dijo haber pagado a sus acreedores 73.359 millones de dólares. El Gobierno se quejó que, a pesar de semejante desembolso, las clasificadoras de riesgo -“profundamente ineficientes para prevenir descalabros financieros escandalosos” en EEUU y Europa- no han dejado de evaluar negativamente al país. “Mientras más hemos pagado, encarecen con informes desprovistos de cualquier forma de rigor el coste de nuestra deuda”.

En este contexto, el ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, rechazó las sanciones de la UE a Venezuela. “La argumentación es calcada de las sanciones ilegales de Estados Unidos contra la economía venezolana, y esto es fundamentalmente porque en Venezuela tenemos una democracia participativa”, declaró.

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