Un juez hispano criticado por Trump recibe un polémico caso de inmigración
Un juez hispano que fue criticado por el presidente de EEUU, Donald Trump, por su origen mexicano será el encargado de decidir sobre el polémico caso de un joven indocumentado que denuncia haber sido deportado a pesar de estar protegido por un programa del exmandatario Barack Obama.
El caso fue asignado al juez Gonzalo Curiel y a la magistrada Nita Stormes, ambos de la Corte del Distrito Sur de California.
Durante la campaña presidencial, Trump acusó al juez de tratarle "de manera hostil" y aseguró que sus orígenes mexicanos podrían "absolutamente" influir en su veredicto sobre el caso de fraude de la Universidad Trump que analizaba el magistrado.
Los comentarios de Trump contra el magistrado, nacido en Indiana de padres mexicanos, incomodaron a importantes líderes republicanos, como el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan.
Curiel y Stormes deberán decidir sobre la legalidad de la expulsión a México del joven Juan Manuel Montes Bojorquez, quien supuestamente estaba protegido de la deportación por el programa de Acción Diferida (DACA), proclamado en 2012 por Obama para los indocumentados que llegaron a EEUU de niños, conocidos como "dreamers" (soñadores).
El joven, de 23 años, interpuso el martes una demanda para pedir al Gobierno información sobre su deportación a México, efectuada el pasado 20 de febrero.
Organizaciones como el Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC) aseguran que esta es la primera vez que el Gobierno de Trump deporta a uno de los jóvenes indocumentados que se beneficiaron de DACA.
La Oficina de Protección de Aduanas y Fronteras (CBP) asegura que el joven perdió la protección de DACA al abandonar el país sin autorización, viajar a México y luego tratar de volver a entrar en Estados Unidos de manera irregular.
Montes Bojorquez, además, fue condenado por hurto en julio de 2016, según dijo a Efe un alto funcionario de la CBP, que pidió el anonimato.
Desde su promulgación en 2012, el programa DACA ha servido para frenar la deportación de 750.000 jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños y les ha permitido obtener un permiso de trabajo y una licencia de conducir.
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