La Unión Europea pule su oferta a Turquía a cambio de devolverle los refugiados
Silvia Martinez
Periodista
SILVIA MARTINEZ
Si el nuevo plan entre la Unión Europea y Turquía para devolver a territorio turco a todos los inmigrantes y refugiados que pisen las islas griegas consigue este viernes vía libre, su aplicación será complicada, muy costosa y rozará la legalidad. Los líderes europeos entienden, sin embargo, que no hay alternativa al pacto y pasada la medianoche daban mandato al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, para que presente una oferta al primer ministro turco, Ahmed Davutoglu, con las contrapartidas que la UE está dispuesta a asumir.
La cita será este viernes a partir de las ocho y media de la mañana y también asistirán el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y el primer ministro holandés, Mark Rutte, cuyo país ostenta la presidencia semestral de la UE. El texto que presentarán será el mismo que avalaron los 28 embajadores de la UE el miércoles con dos cambios mínimos para dar más garantías de que el pacto no vulnerará la legislación europea en materia de asilo, uno de los elementos que más controversia ha generado.
El primero menciona explícitamente que ACNUR no solo participará en el proceso de reubicaciones sino también en el retorno de refugiados. El segundo, algo que se daba por hecho pero que no se había puesto por escrito: que las solicitudes de asilo serán tratadas de forma individual, caso por caso, descartando por tanto devoluciones conjuntas. Ni Tusk ni Juncker quisieron anoche comparecer para explicar el contenido de la posición común para proteger las cartas con las que acudirán al regateo final que tendrá lugar este viernes en una jornada que se augura intensa y larga.
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“Soy cautamente optimista, pero francamente, más precavido que optimista”, se definía Tusk a su llegada a la cumrbe. La misma cautela expresaba la cancillera alemana, Angela Merkel, que calificaba de “constructiva” la atmósfera de la negociación. “Todos somos conscientes de que hay que hacer esfuerzos para llegar a un acuerdo”. Entre los escollos por resolver, dos cuestiones sobre las que existen profundas divergencias: la liberalización de visados para los turcos y el acelerón en las negociaciones de adhesión.
DENUNCIA DE UN CHANTAJE
“Si Turquía cumple sus obligaciones en el marco del Protocolo de Ankara no hay ningún problema, pero si no lo hace no podemos hacer nada”, zanjaba el presidente chipriota, Nicos Anastasiades, que se niega a aceptar la apertura de los cinco nuevos capítulos que Ankara reclama y que están congelados desde que en 2008 el ejecutivo turco se negará a abrir sus puertos y aeropuertos a la república chipriota.
Muchas delegaciones se negaron a pasar por alto ese desafío y el plan mantiene la ambigüedad en este terreno. “No cerrar un acuerdo es mejor que un acuerdo malo. Turquía pide mucho y no aceptaré lo que en ocasiones parece un chantaje”, advertía el belga Charles Michel. “Necesitamos un acuerdo porque de lo contrario la situación en Grecia seguirá siendo muy difícil. Es crucial”, recordaba Rutte, copatrocinador junto a Merkel de un plan cuyo elemento central gira entorno a deportaciones a gran escala.
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BOLETOS DE VUELTA
Aunque la legislación europea no permite ni las expulsiones en caliente ni las devoluciones masivas, el análisis jurídico confirma que todas las solicitudes de asilo serán inadmisibles cuando una persona ya haya sido reconocida como refugiado o disfrute de protección suficiente en el primer país de asilo. Dicho de otro modo, el grueso de los sirios y de otras nacionalidades tienen todos los boletos para terminar de forma exprés de vuelta en Turquía.
Poner en marcha el sistema no será sencillo. Ankara y Atenas tendrán que modificar su legislación. El primero para garantizar un acceso efectivo a los procedimientos de asilo y el segundo para definir a Turquía como tercer país seguro. El Gobierno de Alexis Tsipras aspira a que ese reconocimiento sea europeo y no solo bilateral para evitar que le lluevan denuncias por vulneración de derechos. El pacto también obligará a Atenas a llevar a cabo una revolución logística. Los centros de recepción tendrán que convertirse en centros de repatriación donde acomodar a estas personas mientras se decide su devolución. La idea es separar a los inmigrantes irregulares –Grecia aspira a devolverlos en 48 horas- de los solicitantes de asilo, pero el objetivo es devolverlos en cuestión de días.
Para lidiar con todo este trabajo, el Gobierno griego tendrá que aumentar el número de funcionarios y personal y organizar el transporte a gran escala desde las islas a Turquía. Si se mantienen entorno a 2.000 las llegadas diarias esto significará un coste mensual de 20 millones de euros que sufragará el presupuesto comunitario. “Es ella (Grecia) quien asegura nuestra frontera exterior, quien tiene refugiados bloqueados y a quien hay que apoyar financieramente”, recordaba el presidente francés François Hollande.
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