El Gobierno de izquierdas ha comenzado a darle la vuelta a la austeridad

Tras una legislatura caracterizada por una agresiva política de recortes, el nuevo Gobierno portugués, liderado por el socialista Antonio Costa, tiene como reto distanciarse de la gestión de sus antecesores. 

Pese a no haber cumplido todavía dos meses de vida, el Ejecutivo luso ya ha sacado adelante varias medidas para darle la vuelta a la austeridad, la premisa que sustenta el acuerdo alcanzado con el Bloco de Esquerda, el Partido Comunista y Los Verdes, pero que está limitada por los compromisos adquiridos con Bruselas, entre ellos la reducción del déficit público. 

La subida del salario mínimo en un 5% fue una de las primeras medidas en ver la luz verde. Desde el 1 de enero, la cifra ha pasado de 589 a 618 euros por mes. Solo en los países del Este el salario mínimo es inferior al portugués, que continúa todavía sensiblemente por debajo del de Grecia (684 euros), España (757 euros) e Irlanda (1.426 euros).

PENSIONES Y SUBSIDIOS

Entre los principales beneficiados de esta marcha atrás en los ajustes se encuentran los funcionarios. El Ejecutivo aprobó ya la restitución de las 35 horas semanales, aunque falta por decidir cuándo entra exactamente en vigor -se habla del próximo verano-. De esta forma, la jornada laboral de los empleados públicos volverá a las condiciones de 2013, cuando la administración de Passos Coelho decidió aumentarla hasta las 40 horas.

Quienes trabajan para el Estado también han empezado ya a ver eliminados los recortes aplicados a sus salarios, que regresarán a su estado normal antes de que acabe el 2016.

El nuevo Gobierno socialista aprobó igualmente una actualización de las pensiones más bajas, que se encontraban congeladas desde el 2010, aunque apenas se percibirá ya que su impacto será de apenas un par de euros al mes, en el mejor de los casos. Al mismo tiempo, subió ligeramente varios subsidios sociales dirigidos a las clases más desfavorecidas.

Otra de las medidas que tiene pendientes el Ejecutivo de Costa es bajar el IVA de la restauración, que subió 10 puntos en la anterior legislatura y que se comprometió a devolver al 13 % -actualmente está en el 23 %- durante este ejercicio.

PRIMERAS TENSIONES

Estas primeras semanas bastaron para que aparecieran las primeras tensiones entre los socialistas y el resto de fuerzas de izquierda. El pacto alcanzado es de mínimos, basado en evitar un nuevo Ejecutivo conservador. Ninguno de sus firmantes, de hecho, esconde que existen diferencias de calado en torno a temas como el euro o la pertenencia del país a la OTAN, aunque dan más importancia a un cambio de políticas a nivel interno. 

En el Parlamento, comunistas, marxistas y ecologistas ya votaron en contra de propuestas socialistas en dos ocasiones. La primera vez, por la reducción de un impuesto extraordinario que pagan las pensiones más altas, y la segunda, por la aprobación de una modificación presupuestaria que incluye el multimillonario coste -más de 3.000 millones de euros en total- para las arcas públicas que provocó la liquidación del banco luso Banif, a finales de diciembre.

En ambos casos, las propuestas salieron adelante gracias al apoyo del Partido Social Demócrata (de centroderecha), del actual líder de la oposición. Especialmente paradigmático dado su relevancia es el caso del Banif, ya que de no haber sido aprobada la modificación presupuestaria, su venta al Santander habría quedado sin efecto y la resolución no sería válida.