Rousseff afronta el año de los JJOO de Río en medio de una profunda crísis política y económica

La pasada Nochevieja, millones de brasileños se sumergieron en las aguas del océano Atlántico enfundados en las tradicionales ropas blancas con el único deseo de pedirle a Yemanjá, diosa del mar en la religión Yoruba, un nuevo año que les traiga la prosperidad que el 2015 les robó. Y es que los siempre optimistas brasileños han dejado atrás uno de los peores años que se recuerdan para la mayor economía de Latinoamérica y que la propia presidenta, Dilma Rousseff, reconoció, en su mensaje de Año Nuevo, como el más difícil desde que asumió el Gobierno en el 2011.

En el horizonte del 2016 deslumbran ahora los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro que son vistos por la mayoría de los brasileños como su última oportunidad para resarcirse tras un 'anus horribilis'. Sin embargo, los 214 días hasta la fecha no serán fáciles y puede que a muchos la espera se les atragante. Es el caso de Rousseff, quien a partir del mes de febrero enfrentará el proceso de juicio político o 'impeachment' por un supuesto delito de responsabilidad fiscal. Un proceso tachado de golpismo por gran parte de la intelectualidad brasileña, que el Tribunal Supremo del país no quiso suspender el pasado mes de diciembre y que podría costar a la presidenta su destitución del cargo a medio plazo.

De nada sirvió que el pasado 30 de diciembre el Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) consiguiese devolver a los bancos públicos los 12.977 millones de euros que, según la sentencia del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), habrían sido empleados por el Gobierno en el "maquillaje contable" de las cuentas publicas del 2015. Aunque el 'impeachment' haya perdido su razón de ser, ya que el dinero fue devuelto y reconocido en el déficit oficial del Gobierno, los intereses por detrás del mismo continúan siendo los mismos.

EL IMPULSOR

El presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, no solamente es el principal impulsor del proceso de 'impeachment' contra Rousseff sino que ha convertido la cuestión en su única manera de escapar a las investigaciones que le relacionan directamente con el escándalo de corrupción en Petrobras. Unas sospechas más que confirmadas desde que la Justicia de Suiza informase que el político del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) disponía de cuatro cuentas bancarias por valor de 2,4 millones de dólares en el banco Julius Bär de Ginebra. Un auténtico bombazo que le costó un proceso similar al de Rousseff ante el Consejo de Ética y que en los próximos meses podría conducir a la pérdida de su acta de parlamentario e incluso llevarlo a prisión.

Desde entonces, la política de Brasil se ha convertido en una carrera contrarreloj en la que Rousseff y Cunha intentan deshacerse el uno del otro antes de ser destituidos por los procesos en su contra. Si bien la presidenta cuenta con el apoyo del Fiscal General de la República, Rodrigo Janot, quien no cesará en su empeño por denunciar a Eduardo Cunha, el político del PMDB ha organizado un auténtico complot en su partido que amenaza la gobernabilidad del país. Cabe recordar que el PMDB es el principal socio en la coalición del Gobierno junto al PT de Rousseff y que su líder nacional, Michel Temer, ocupa también la vicepresidencia de Brasil.

Paradójicamente, el éxito del juicio político contra Rousseff haría de Temer el nuevo presidente de Brasil y muchos miembros del PMDB han visto en eso la oportunidad perfecta para romper su incómoda alianza con un Gobierno cuya presidenta apenas suma una aprobación del 9%. El motín está en el horizonte y en los próximos meses los votos rebeldes de los diputados del PMDB en el Congreso Nacional podrían paralizar los ambiciosos proyectos de reforma anunciados por Rousseff y que la economía del país necesitará para frenar el fantasma de una inflación que ronda el 11% y recuperar la senda del crecimiento tras caer un 3,7% este 2015.

LA CRISIS

Como apuntaron las agencias de calificación de riesgo norteamericanas Standard & Poor's y Fitch Ratings, antes de rebajar la nota del crédito de Brasil a la de "bono basura", la crisis política de Brasil se ha traducido en una profundización de la crisis económica que insufla combustible a la llama de una potente crisis social. Rousseff es plenamente consciente de ello y sabe que apenas dispondrá de los nueve meses hasta los Juegos Olímpicos de Río 2016 para poner un mínimo de orden a un país que, poco a poco, se sume en el caos. 

Si bien hace un par de años los brasileños se lanzaban a las calles para exigir mejoras sociales y protestar por el despilfarro del Mundial de Fútbol de la FIFA, la situación ahora es muy diferente. Con un incierto 2016 por delante, la llegada de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro es contemplada por la mayoría como la única buena noticia que esperar de un año en el que ni siquiera la magia de Yemanjá podrá librarles de la maldita crisis.

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