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CRISIS DE CONFIANZA EN LA POLICÍA

La tensión crece en EEUU tras la muerte de otro negro desarmado

Un agente blanco de Phoenix mata a Rumain Brisbon tras confundir un bote con un arma

IDOYA NOAIN / NUEVA YORK

En otro momento, la historia de Rumain Brisbon quizá no habría pasado de ser una pequeña crónica en los medios locales de Phoenix (Arizona). Otro sospechoso de traficar con drogas muerto en un enfrentamiento con la policíaEstados Unidos, no obstante, es estos días un país que mira de frente con indignación al serio problema de incidentes policiales salpicados por la sombra del racismo y cubiertos por una sensación de impunidad y demanda reformas políticas y judiciales.

Brisbon, de 34 años, era negro. Estaba desarmado cuando el martes tuvo su encontronazo con un policía. El agente con siete años de experiencia que le dio dos tiros tras confundir un frasco de medicamentos con la empuñadura de un arma era blanco.

Poco ha importado que la madre del fallecido, Nora Brisbon, haya declarado a los medios locales que la muerte de su hijo «no es un tema de raza» sino una injusticia hacia un individuo. El nombre de Rumain Brisbon apunta a sumarse a una lista que cada día se hace más larga.

LA LISTA CRECIENTE

 Los nombres que se repiten en las manifestaciones que estos días han sacado a la calle el hartazgo y la indignación incluye los de Trayvon Martin, Michael Brown Eric Garner, en cuyos casos los responsables de la muerte han sido ya exonerados o absueltos, igual que en el de Aiyana Jones, una niña de solo siete años que falleció en 2010 en una redada policial en Detroit, una muerte por la que nadie ha ido a la cárcel.

Pero hay más. Ahí está Akai Gurley, un hombre de 28 años que murió hace dos semanas en un edificio de protección oficial en Nueva York por las balas de un agente novato solamente por cansarse de esperar al ascensor y decidirse a bajar por las oscuras escaleras. O Tamir Rice, el niño de 12 años armado con una réplica de una pistola al que un policía mató en meros segundos en un parque de Cleveland el 22 de noviembre.

John Crawford, el negro de 22 años al que la policía abatió a balazos el 4 de agosto en una tienda Walmart en un incidente en el que se han demostrado las mentiras de la versión policial. O Rekia Boyd, mujer de 22 años desarmada que tuvo la mala suerte de encontrarse con un policía blanco fuera de servicio una madrugada de marzo de 2012 en un parque de Chicago y recibió un tiro letal en la cabeza sin motivo.

«Da la impresión de que se ha abierto la veda para matar a negros», decía en unas duras declaraciones al USA Today Ann Hart, que preside un comité de la comunidad negra que asesora a la policía de Phoenix. «Debemos bucear más en por qué los agentes de policía sienten que deben disparar y matar en vez de detener, arrestar y encarcelar».

FUERZA EXCESIVA

Hart puso el dedo en otra de las llagas que han abierto los casos más recientes, que han conseguido una movilización ciudadana con visos de perdurar. Además de denunciarse el racismo de la policía y la aparente impunidad, se ha puesto el foco en el uso y abuso de fuerza excesiva.

Los departamentos de policía y responsables políticos son conscientes de que en las últimas semanas el país se está sensibilizando más y las acciones policiales se están colocando bajo un microscopio que han eludido durante años y empiezan a verse efectos concretos de la nueva situación.

El domingo pasado, por ejemplo, se despidió a un agente de la oficina del sheriff del condado de Knox (Tennessee), por un incidente ocurrido la noche anterior, cuando en el arresto de un estudiante borracho de 21 años el policía le estranguló hasta que cayó de rodillas (luego salió bajo fianza tras ser acusado de intoxicación y resistirse al arresto). Un fotógrafo retrató todo.

«Lo ocurrido ofrece el ejemplo perfecto de por qué estamos en proceso de comprar cámaras para que las lleven los policías e incidentes como estos estén plenamente documentados», dijo en un comunicado el sheriff que anunció el despido.

La utilidad de las cámaras, no obstante, ha quedado en entredicho tras la decisión de un gran jurado de no imputar al policía que mató a Eric Garner en un encuentro grabado en vídeo.

Ahora la reclamación principal que hacen activistas de los derechos civiles es una reforma del sistema judicial, apostando por el nombramiento de fiscales independientes que no tengan vínculos con la policía y cambios que acaben con el secreto de los grandes jurados.

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