Una trampa fiscal atrapa a Juncker

No hace ni una semana que ha llegado y ya tiene abierta una crisis. Y de envergadura. El nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, desayunó ayer con la revelación de que 340 empresas se han venido beneficiando de pactos alcanzados con el Gobierno de Luxemburgo para desviar sus beneficios y pagar menos impuestos de los que deberían tributar en su país. Acuerdos adoptados en su mayoría -y ahí está precisamente el intríngulis de la cuestión- en el transcurso de los 20 años en los que Juncker ocupó el cargo de primer ministro de Luxemburgo.

El escándalo Luxleaks, como ya se le ha bautizado, salpica de lleno a la institución europea y pone en un verdadero brete a su presidente., que ayer anuló en el último momento anuló su participación en una conferencia en Bruselas, posiblemente para evitar dar explicaciones en públic sobre el escándalo.

Muchas de las empresas multinacionales que se han echado mano de esta ingeniería financiera, entre ellas, Pepsi, Ikea, Amazon y Burberry, operan en España y, por lo tanto, son las arcas españolas las que se han resentido a causa de estas práctica. Hay muchos otros estados que resultan igualmente perjudicados por un sistema fiscal que, según cómo se aplique, puede vulnerar la normativa de mercado. Estos incentivos que ofrecen algunos estados, no solo Luxemburgo sino también Irlanda y Holanda, por ejemplo, tienen como objetivo mejorar la competitividad y atraer inversión.

INCENTIVOS FISCALES

La Comisión Europea, a través de su comisario de Competencia, es la encargada de determinar la legalidad de los incentivos fiscales. Ahora se da, pues, la paradoja de que Juncker se encuentra al frente de una Comisión que debe investigar la legalidad de unos pactos alcanzados mientras él era primer ministro.

A pesar de que el mandatario europeo se ha esforzado por transmitir que quiera dar un tono más político y próximo a la institución, ayer eludió cualquier comparecencia pública. Ante la prensa se las tuvo que ver en solitario el portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas. Fue el que transmitió que Juncker -descrito por más de un periodista en el turno de preguntas como el padrino de las finanzas luxemburguesas- permanece «sereno» ante estas informaciones desveladas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Todo el peso de la responsabilidad fue descargado sobre la comisaria de Competencia, Margarethe Vestager, engargada, como hizo hincapié el portavoz, de investigar la legalidad de las ayudas públicas que ayer salieron a la luz. El Ejecutivo sancionará a Luxemburgo si es necesario insistió el portavoz de Juncker.

Acribillado a preguntas sobre las posibles consecuencias políticas para Juncker, el portavoz comunitario reconoció que, precisamente, lo que quería evitar era una lectura de ese calado. "Se trata del típico caso de ayudas de Estado", aseguró en un intento de quitar hierro que, sin embargo, lo que transmitió fue lo habitual de estas prácticas en Luxemburgo, uno de los principales paraísos fiscales del mundo.

MANTENERSE AL MARGEN

En su primera comparecencia ante la prensa, el miércoles, el nuevo presidente de la Comisión Europea aseguró que se abstendría de intervenir en asuntos donde esté implicado Luxemburgo. Sin embargo, es difícil explicar y entender cómo mantenerse al margen de una investigación llevada a cabo por la institución de la cual es presidente.

Los grupos socialista, liberale y de la izquierda unitaria en el Parlamento Europeo no perdieron un minuto en pedir explicaciones sobre la legalidad de los acuerdos de Luxemburgo con las empresas. El portavoz comunitario aseguró la comparecencia de la comisaria Vestager para dar explicaciones y no descartó la presencia del propio Juncker ante la Eurocámara.

El grupo de los conservadores, familia política de Juncker, recordó el compromiso del presidente de luchar contra la evasión fiscal. Una promesa que toma cada vez más visos de no ser verosímil.