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CÓMO NOS AFECTA EUROPA. (7)

El gran negocio alimentario

La UE recorta por primera vez el presupuesto agrícola para el periodo 2014-2020

Agricultores y ganaderos denuncian que la nueva reforma continúa con la desregulación del mercado en beneficio de los grandes distribuidores

MARC ESPÍN
LES FRANQUESES DEL VALLÈS

Joaquim Cassà i la seva filla Míriam, pagesos a Marata. / RICARD CUGAT

Creció entre vacas. Ahora las cuida. Míriam Cassà (29 años) es la única de tres hermanos que ha decidido continuar con el negocio familiar. Estudió un módulo de agricultura ecológica en Manresa y se incorporó, hace ya una década, a la empresa de su padre, Joaquim Cassà (58 años), quien a su vez la heredó de sus progenitores. Entre los dos gestionan una explotación de medio centenar de vacas lecheras en Les Franqueses del Vallès. También tienen conejos y tres hectáreas de trigo y otros cultivos ecológicos, aunque es la leche la que les reporta la mayor parte de los ingresos.

El problema de la leche, como el de tantos otros productos agrícolas o ganaderos europeos, es que tiene unos costes de producción demasiado elevados para competir en un mercado mundial liberalizado. «El litro de leche de Nueva Zelanda es mucho más barato que el de España porque los pastos que alimentan a las vacas crecen solos», dice Joaquim. «Además, las normativas europeas de medioambiente y calidad son muy exigentes y nos obligan a hacer inversiones que encarecen los costes», añade. Para compensar estas desventajas competitivas, la Unión Europea subvenciona a los agricultores y ganaderos mediante la Política Agrícola Común (PAC), uno de los instrumentos institucionales más antiguos e importantes de Europa. La PAC se lleva la mayor parte del presupuesto comunitario para el periodo 2014-2020 —un 37,8%— y determina las políticas agrarias que aplican los estados.

Casi la mitad de las inversiones que la familia Cassà ha hecho a lo largo de tres décadas para modernizar las instalaciones proviene de ayudas públicas, la mayoría europeas. «La última apuesta fue un robot de ordeño con el que ahorramos horas de trabajo y ganamos productividad», explica Joaquim, para quien estar al día en tecnología es «esencial» para ser competitivo. La UE también subvenciona a jóvenes agricultores y ganaderos para fomentar el relevo generacional en un sector envejecido. Los 16.500 euros que Miriam recibió por incorporarse a la empresa familiar se invirtieron en diversificar la actividad. «Sin la ayuda no habríamos podido soportar los costes de poner en marcha los cultivos ecológicos», recuerda.

Efectos de la liberalización

«Las ayudas europeas han permitido al sector mantenerse en pie, pero también tienen consecuencias negativas: crean dependencia, y pueden llevar a una producción a crecer artificialmente o a un payés a endeudarse innecesariamente, por ejemplo, comprando un tractor antes de lo que tocaría», dice Josep Ferrer, coordinador territorial en Tarragona de la Unió de Pagesos. Los Cassà se quejan de que con frecuencia se les acusa de vivir subvencionados, pese a que el total de las ayudas no representa más de una cuarta parte de sus ingresos. Y avisan: «Funcionaríamos sin ayudas si pudiésemos vender la materia prima que producimos al precio real, pero entonces la gente no podría pagarla».

 

El origen del problema de los precios está en la liberalización del mercado. Desde finales del siglo XX la UE ha ido eliminando los mecanismos de regulación. La PAC 2014-2020 no solo contará con un presupuesto a la baja por primera vez en la historia, sino que continúa con la tendencia liberalizadora que, a juicio de los productores, les perjudica a ellos y a los ciudadanos europeos y beneficia a las grandes cadenas de distribución de alimentación.

Por un lado la UE impone requisitos de calidad que incrementan los costes de producción de los campesinos europeos, mientras «a los extranjeros no se le exigen los mismos requisitos, por lo que pueden bajar los precios hasta hundir el mercado», dice Lorenzo Ramos, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). Esta situación es para los productores una desventaja competitiva y un riesgo para los ciudadanos, porque no todos los alimentos están producidos bajo los mismos estándares de calidad. Y como el mercado está controlado por un oligopolio de distribuidores, ellos ponen los precios de compra en el origen y los de venta al consumidor final. «Mientras los agricultores y ganaderos lo pasamos mal, el consumidor paga caro y las grandes cadenas de supermercados no paran de aumentar sus beneficios», denuncia Ramos.

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