Un referéndum condenado al fracaso

Dos fuerzas frente a frente, dos posiciones equidistantes. Inmovilismo polí­tico de un lado, movilismo convulso y sin sentido del otro.

El bloque independentista, de forma unilateral y sin garantí­a constitucional ni jurídica alguna, se empeña en generar todas las incertidumbres posibles entorno al referénndum del 1-O: inseguridad entre los funcionarios de la Generalitat, dudas de qué actuación deben llevar a cabo los Mossos d'Esquadra, entre otras, y, por supuesto, qué acontecimientos se sucederán el día después.

Mientras, el Gobierno central se limita a no hacer absolutamente nada, como es habitual y reconoce expresamente el propio Rajoy, salvo recurrir sistemáticamente al Tribunal Constitucional. Bien harí­a en tomarse en serio la cuestión territorial y empezar a explorar, al menos, la propuesta nada desdeñable -en mi opinión- de Pedro Sánchez acerca de la posibilidad de crear un Estado federal que encaje las diferentes nacionalidades y sensibilidades históricas y culturales coexistentes en todo el territorio del Estado español y que, de alguna manera, apacigüe las aguas que tan revueltas vienen, normalice la convivencia y evite más tensiones y la fragmentación definitiva de la ciudadaní­a.

Entre tanto, la sanidad catalana y otros servicios sociales están bajo mí­nimos, gracias a Junts pel Sí­ (PDeCAT, ERC) y la CUP.

En cualquier caso, si finalmente se celebrase el referéndum, este estaría abocado al más rotundo fracaso. Por una parte, el resultado que se produjera no avalarí­a una mayorí­a del 'sí' a la independencia, a tenor de los sondeos. Por otra parte, su celebración no está amparada por ningún marco legal y, por tanto, fuera cual fuera el resultado, este sería nulo y sin efectos vinculantes. Vamos, un despropósito absoluto, que para más inri, a los ciudadanos catalanes nos tocará el bolsillo.