¿Quién decide qué es delito en Twitter?

Hace unas semanas el Gobierno español anunciaba que no habría impunidad ante las personas que se habían reído en Twitter de la muerte del Fiscal General del Estado, enfrentándose los susodichos a posibles penas de cárcel. La polémica se agrandó cuando Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Catalunya, denunció a un internauta que le había deseado en Twitter un encuentro como el de La Manada. La Guardia Civil no tardó en recordar a los tuiteros, a través de su cuenta oficial, que tuvieran cuidado con lo que escribían ya que internet no eximia de cometer un delito.

Fiscalizar las opiniones en internet es un error, puesto que vulnera el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos. El espectador no solo tiene que tragar con la manipulación por parte del Gobierno de turno en las televisiones públicas -financiadas por todos, por cierto-, ahora además las autoridades pretenden apoderarse de una red social que, para muchos escépticos de la información mediática, supone la única fuente de información si no fiable, neutral, dónde la ciudadanía podía opinar hasta ahora con libertad.

Si bien es cierto que algunos llevan años aprovechando el medio para fomentar el odio, cosa que debería remediarse, la respuesta del Gobierno es de doble rasero ya que solo persigue aquellos comentarios dirigidos a cargos oficiales. Si es delito bromear sobre la muerte de un Fiscal General en Twitter, también debería serlo criticar a la joven violada por La Manada, insultar por motivos raciales o sexistas o desear la muerte a cualquier ciudadano de a pie por su ideología. Y la lista es muy pero que muy larga.

Finalizo esta carta de denuncia para aclarar que en ningún caso aplaudo los comentarios de odio mencionados en la misma, pero sí me gustaría plantear una reflexión: ¿Quién decide qué es delito y qué no en las redes? La Constitución incluye Leyes Orgánicas al respecto pero, ¿por qué solo se aplica la ley en algunos casos?