Montoro debe dimitir

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. / AGUSTÍN CATALÁN

Cuando Montoro aprobó su amnistía fiscal, sabía que una de sus consecuencias sería la ruptura de equidad, alterando el criterio del reparto de la carga impositiva de acuerdo a los principios de capacidad económica y progresividad. Además, y según la sentencia del Constitucional, el ministro faltó a su deber legal de recaudar para sostener los gastos públicos y, lo que es más grave, eximió a los amnistiados de toda responsabilidad accesoria, lo cual podría incapacitar a la inspección de Hacienda para incoar cualquier investigación, pues se entendería contaminada por la regularización.

Montoro, autoridad pública, dictó una resolución arbitraria en asuntos administrativos a sabiendas de que la misma era injusta y contraria a la ley y, por tanto, se asemeja mucho a la prevaricación. Y si, como parece cierto, adelantó información privilegiada a los directivos del Ibex, Montoro no debería permanecer en su cargo ni un minuto más.