Inmunidad no es impunidad ni carta blanca para el Estado

Estamos de acuerdo con los funcionarios del Gobierno español cuando declaran que inmunidad parlamentaria no significa impunidad, refiriéndose al caso de Carles Puigdemont y otros. Se basan en jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de España.

Sin embargo, esa jurisprudencia no faculta al Gobierno, a sus fiscales, y a cualquiera encargado de enforzar las leyes, a violar los procedimientos señalados por la ley misma. La Constitución de España, en varios apartados, y en su artículo 155 señala que cuando el indiciado es un diputado o senador, el caso debe ser remitido al cuerpo legislativo al que pertenece esa persona, para que sea este organismo quien decida si ha lugar a formación de causa, o desestima el caso.

El procedimiento es señalado de igual manera por la Ley Electoral de España. El Gobierno español no cumplió con esos pasos legales. Por lo tanto, las causas entabladas contra Puigdemont y otros líderes independentistas catalanes, son nulas, sin efecto y sin valor por decreto de la ley misma.

Aclaración necesaria: no soy independentista. Tampoco defiendo a Puigdemont y otros. Soy jurista, y solo estoy con la ley y la justicia.

Respetamos el criterio de la Fiscalía General del Estado cuando afirma que "es inadmisible una interpretación del privilegio de la inmunidad parlamentaria que derive en impunidad". Desde el punto de vista jurídico, no lo compartimos porque el Gobierno español lo interpreta como una licencia al Estado para violar la ley tratando de hacer justicia. No se puede enmendar un hierro con otro hierro.

Ni la Constitución ni la jurisprudencia incitan a violentar los procedimientos establecidos por la ley misma, porque cuando el Estado es quien viola las reglas del juego, el Estado resulta perdedor en un tribunal de leyes. España es un país de leyes, y nadie está por encima de la ley, ni siquiera el Rey o el Presidente como cabeza de Gobierno, ni el Estado mismo, porque si se permite al Estado quebrantar las reglas que el mismo Estado ha impuesto, estamos frente a una dictadura, o -como antes lo he expresado- ante una Monarquía Medieval totalitaria.

     Nosotros opinamos que si algún ciudadano español ha violado la Ley, incluyendo Carles Puigdemont y otros, deberán ser traídos ante la justicia. Pero encima de eso, opinamos que el Estado es el primer obligado a cumplir con los requisitos que el mismo Estado -como soberano que es- impone a sus ciudadanos: en este caso, dar trámite al cuerpo legislativo del que Puigdemont y los demás líderes catalanes son miembros. Ya sé, ustedes dirán: "ah, pero el Parlament los absolverá".

            Si no se sigue ese trámite, los encausados estarán libres de culpa por el mismo espíritu y aplicación de la Ley. Esto lo decimos sin usar el corazón, pero con la justicia y el conocimiento, más la sabiduría que viene de arriba.

(El Dr. Romero es un científico investigador periodista y escritor independiente ¿ israel09r@yahoo.com)