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Elecciones autonómicas antes del descalabro

Puigdemont, durante su comparecencia en el Parlament el 10 de octubre del 2017.

Puigdemont, durante su comparecencia en el Parlament el 10 de octubre del 2017. / JULIO CARBÓ

Jesús Pichel

Los que hemos sido apaleados por la Policía alguna vez cuando nos manifestábamos, de sobra sabemos dos cosas: que te sientes humillado e indignado -enrabietado, impotente- y que los antidisturbios no son hermanas de la caridad cuando les ordenan cargar. Y supongo que ambas impresiones las tiene cualquier apaleado de cualquier lugar del mundo.

Cuando alguien bien pertrechado de armas pega a alguien indefenso es fácil entender que el que cobra es la víctima y no es difícil ponerse -aunque sea retóricamente- de parte del apaleado. ¿A quién puede extrañar que las imágenes de la policía golpeando a la gente el 1-O hayan indignado a (casi) todo el mundo en (casi) todo el mundo? Claro que Europa tenía que condenarlas, faltaría más. Pero lo cierto es que la condena se hace con la boca pequeña: todos saben que sus propios antidisturbios actúan o han actuado de la misma manera no solo alguna vez. Por eso el rédito político que ganó el soberanismo, por mucho que ha querido prolongarlo internacionalmente explotándolas, apenas ha durado dos telediarios y el apoyo político internacional deseado no ha llegado.

Puigdemont está en un brete. El martes, en el Parlament, pasó lo que pasó -en palabras de Tardá. Y lo que pasó fue un sinsentido bien resumido por Iceta: no se puede suspender lo que no se ha proclamado. Se proclamó después, al margen del Parlament, en un documento privado sin más valor que el simbólico. El Gobierno le requirió para que aclarase, en el plazo establecido y con la precisión de un 'sí' o un 'no', si se declaró la independencia. Pero la pregunta solo puedía tener una respuesta contradictoria: sí y no; política y simbólicamente, sí, pero jurídica y legalmente, no -no se votó-. En el imaginario de los deseos, sí, pero en la cruda realidad, no.

El jueves 19 acaba el plazo dado. Después, aplicación gradual del 155. Quizá la única opción que tenga Puigdemont sea firmar el día 18 la convocatoria de elecciones y disolver el Parlament. Las otras opciones conducen al descalabro.

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